La guerra de castas atiza la huelga judicial

Nos han perdido el respeto". Con esta rotunda afirmación resume un veterano parlamentario la razón última por la que se ha llegado a la situación de que quienes encarnan el Poder Judicial puedan ponerse en huelga, en un insólito desafío al Ejecutivo y al Parlamento para satisfacer sus reivindicaciones corporativas.

El largo camino que ha llevado hasta la amenaza de una huelga de togas ha tenido una larga gestación. Tanta que algunos conocedores del proceso sitúan su origen en el año 2001, cuando José Luis Rodríguez Zapatero, entonces líder de la oposición, suscribió el Pacto de la Justicia con José María Aznar y se modificó el sistema de elección de los vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). A partir de ahí, el malestar ha crecido por agregación hasta llegar al pulso de prevalencia institucional, en el horizonte de unas reformas legales que no son del agrado de la judicatura.

La mayoría de la carrera no se siente vinculada al actual CGPJ

En 2001, con mayoría absoluta del PP, el ministro José María Michavila intentó cercenar la elección parlamentaria del CGPJ, limitando esta extracción a los ocho vocales que expresamente reserva la Constitución para el Congreso y el Senado. La reforma que pretendía el PP implicaba que los 12 vocales restantes fueran elegidos directamente por las asociaciones judiciales, mediante un sistema de representación mayoritaria que hubiera primado a la conservadora Asociación Profesional de la Magistratura (APM). Para impedir la ruptura de todo vínculo con el Parlamento, Zapatero aceptó que esos 12 vocales fueran elegidos por las Cortes de entre 36 propuestos por las asociaciones y los pocos independientes que consiguen el suficiente número de avales.

Fallo del modelo

Al "fallo del modelo" se añadió una "mala negociación" del PSOE en la renovación del CGPJ, que provocó un malestar generalizado no sólo en las asociaciones salvo la APM, sino, sobre todo, entre los no adscritos. Precisamente ha sido de éstos, que se calcula que son al menos el 50% de los miembros la carrera judicial, de los que ha surgido el movimiento de rebelión, que tiene al Gobierno como destinatario último de sus reivindicaciones, pero no como causa única del malestar.

La representación de las asociaciones no es proporcional a su afiliación

En la renovación del CGPJ aprobada el año pasado, sólo la APM logró sus objetivos. De Jueces para la Democracia, que enarbola la bandera progresista, se quedó fuera su líder natural, José María Fernández Seijo, lo que en círculos jurídicos se achaca a un veto de José Antonio Alonso por viejas cuentas pendientes, aunque el portavoz parlamentario del PSOE rechaza esta versión. La asociación Francisco de Vitoria, que es la segunda por número de afiliados, propuso tres candidatos y sólo fue elegido uno. El cuarto grupo en liza, el Foro Judicial Independiente, aspiraba a un vocal, propuso dos uno de tendencia progresista y otro conservador y se quedó sin ninguno, a pesar de ser la asociación que registra mayor crecimiento de afiliados y negocia con Francisco de Vitoria una fusión que podría llevar a su resultante incluso a desbancar a la APM, según algunas estimaciones. Los no adscritos fueron olvidados y marginados.

La aristocracia judicial

El resultado es que, salvo la APM, que actúa como "correa de transmisión" de doble dirección con el PP, ninguna de las asociaciones judiciales, que se han convertido en la aristocracia de la carrera, se siente vinculada a la actual composición del CGPJ y mucho menos los no adscritos. No es por una causa menor: en el CGPJ se deciden ascensos y destinos.

Dívar al CGPJ: "Yo no voy a ser el presidente del desempate"

El desapego se extendió a otras castas con la elección de Carlos Dívar como presidente del CGPJ. Fue así porque el presidente del Gobierno ni siquiera guardó las formas para, aunque es sabido que la propuesta del candidato sale del partido en el poder, mantener la apariencia de que el nombre surgía de los vocales ya elegidos. Y también porque Dívar no pertenece a la casta de los divinos que constituyen los magistrados del Tribunal Supremo, a los que, sin embargo, preside.

Dívar y el caso Tirado

Dívar dejó clara en la primera reunión del nuevo CGPJ cuál sería su pauta de actuación: "Yo no voy a ser el presidente del desempate". Fiel a su trayectoria, el presidente del CGPJ y del TS se pone de canto ante cualquier conflicto, en la creencia de que esta actitud obligará a fraguar mayorías de consenso, aunque mientras se extiendan los incendios.

El choque entre poderes alcanza a la relación con el Parlamento

En este escenario de suma de errores políticos y guerra de castas, el Gobierno se ha convertido en el destinatario de todos los malestares. El caso Tirado fue la última espoleta. Muchos de sus compañeros se sienten identificados con el juez que dejó libre al asesino de la niña Mari Luz al entender que se ha convertido en el cabeza de turco de una sobrecarga de trabajo que todos soportan y, por tanto, que cualquiera de ellos puede ser en cualquier momento lapidado en la plaza pública.

Prueba de esa animosidad contra los políticos es lo que ocurrió en el último congreso de la asociación Francisco de Vitoria. En su XXIII Asamblea Nacional, celebrada en noviembre, sus dirigentes invitaron a los diputados Álvaro Cuesta (PSOE) y Arturo García-Tizón (PP), que tuvieron que escuchar palabras muy duras contra la clase política. Algunas intervenciones fueron tan belicosas que Carlos Granados, ex fiscal general del Estado y magistrado del Supremo, se vio impelido a salir a la tribuna para defender que no se puede decir que en España esté en cuestión la independencia de los jueces.

La tensión institucional ha llegado al extremo de que el Congreso de los Diputados ha tenido que recordar al CGPJ que sus relaciones corresponden a sus respectivos presidentes. Ocurrió así después de que Dívar, remiso a comparecer en el Parlamento, enviara un escrito a la Mesa del Congreso comunicando que para lo que la Cámara deseara debía dirigirse al vicepresidente, Fernando de Rosa, y a la vocal Margarita Robles, como responsables de relaciones institucionales del órgano de Gobierno de los jueces.

Zapatero intentó en julio apuntalar a Bermejo con Álvaro Cuesta

La procedencia de la carrera fiscal del ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo, no ha sido un bálsamo y su carácter tampoco ha servido para meter en cintura a sus antiguos compañeros, sino, en todo caso, para exacerbar sus ánimos. Bermejo ha comentado en círculos privados que la auténtica sede del Ministerio "está en la vicepresidencia del Gobierno" María Teresa Fernández de la Vega fue secretaria de Estado de Justicia con Felipe González y que él no participó en la negociación del CGPJ. Consta que no asistió a la votación en el Congreso en la que fueron elegidos los nuevos vocales, con la coartada de un viaje programado al extranjero.

El funcionamiento del Ministerio también es objeto de críticas internas, entre otras razones por la querencia de Bermejo a dar más crédito a sus asesores externos que a quienes integran la estructura oficial del departamento.

En julio del año pasado, coincidiendo con el 37 Congreso del PSOE, Zapatero quiso enderezar el rumbo del Ministerio nombrando secretario de Estado al diputado Álvaro Cuesta. El asturiano, que preside la Comisión de Justicia del Congreso, prefirió conservar su escaño y seguir en la Ejecutiva socialista como responsable de los asuntos judiciales.

La protesta anticipa también el rechazo a varias reformas legales

Enfrentamientos larvados

Por si ya hubiera poca leña en la hoguera, los jueces discrepan de algunas reformas legales impulsadas por el Gobierno, de forma que el malestar que viene de atrás confluye con el que se anticipa.

Así, rechazan que el proyecto de reforma de la Oficina Judicial les prive de hacer los señalamientos, competencia administrativa que les confiere el poder de jefes de personal. Los magistrados alegan que al transferir esa competencia a los secretarios judiciales se les resta independencia porque se trata de funcionarios dependientes del Ministerio de Justicia.

También se oponen a la reforma del acceso a la carrera judicial con la que ha amagado Bermejo. El motivo del rechazo es, según fuentes gubernamentales, que peligrarían los rentables chiringuitos para preparar las oposiciones en una carrera que tiene un fuerte componente endogámico; y, según fuentes de la judicatura, que con esa reforma se multiplicaría la designación de jueces a dedo.

Tampoco es del agrado de los magistrados la pretensión de que los procedimientos sean instruidos por los fiscales, lo que en su opinión les reduciría a "meros jueces de garantías".

En este tablero de fuegos cruzados, el ministro intentará hoy reconducir el conflicto con las asociaciones. Pero, de momento, los jueces de las grandes ciudades demostraron el miércoles, anticipando al 18 de febrero su amenaza de huelga, que la rebelión está fuera de control.