Hacienda aprende de Rajoy: "No es posible demostrar que se dieron contratos a cambio de donaciones al PP"

La Intervención General del Estado, dependiente del ministro Cristóbal Montoro, ha evacuado un insólito dictamen de tres folios y medio que trata de desacreditar la investigacion penal de la contabilidad B del Partido Popular, y, al más puro estilo Rajoy, señala que "no es posible demostrar que se han adjudicado contratos públicos como contrapartida a los ingresos por donaciones que muestran los papeles de Bárcenas".

La conclusión recuerda a las palabras del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, cuando contestó el pasado mes de septiembre al canal Bloomberg, sobre si dimitiría si se demostrase que sus campañas se financieron ilegalmente: "Hay cosas que no se pueden demostrar".

El informe fue solicitado directamente a la Intervención por la Fiscalía Anticorrupción, sin pasar por el juez instructor del caso, Pablo Ruz, y ha servido de base al fiscal Antonio Romeral para oponerse a la imputación en la causa de los exsecretarios generales del PP Angel Acebes y Francisco Alvarez Cascos, así como del marido de María Dolores de Cospedal, Ignacio López del Hierro, y otros 14 empresarios que habrían hecho donaciones al partido.

Fechado el pasado 28 de octubre, y con las firmas del jefe y el subjefe de la unidad de la Intervención que trabaja como apoyo a Anticorrupción, el dictamen señala que la ampliación de querella de IU (que pedía la imputación de los antes citados más la del exgerente del PP gallego Angel Piñeiro) "no añade ningún hecho o documento" que les mueva a modificar su criterio sobre la falta de pruebas que relacionen las donaciones con la adjudicación de contratos.

La Intervención General, organismo encargado de velar por el buen destino de las cuentas públicas, no tiene ninguna duda al discrepar de las tablas que incluye IU en su querella para establecer conexiones temporales entre donaciones al PP y adjudicaciones de obras públicas, en la etapa de Cascos como ministro de Fomento y en otras épocas. "No demuestran nada", afirman sobre esas tablas.

Como ejemplo, expone nada menos que el caso de Constructora Hispánica, cuyo expresidente, Alfonso García Pozuelo, está imputado en el caso Gürtel precisamente por el presunto pago de comisiones a cambio de adjudicaciones públicas. Señala que las tablas de IU recogen años en los que aportó donativos y no recibió obras, y otros en los que consiguió obras y no dió donativos. "Los datos que nos facilitan no revelan que exista relación entre adjudicaciones y los donativos que Luis Bárcenas dice haber recibido de esta empresa".

También se refiere el informe a la vinculación que hace IU de empresas donantes del PP con la adjudicación de la obra de la variante del AVE en Pajares, y señala que es "completamente inverosímil" que Azvi y Constructora Hispánica dieran una comisión de 450.000 euros por una obra cuyo presupuesto eran 500.000.

La Intervención entiende además que Bárcenas no ha entregado "ningún documento que demuestre la autenticidad de los apuntes" que sus papeles atribuyen a Cascos, Acebes y Piñeiro. Y, adentrándose en terrenos que parecen reservados a la Agencia Tributaria o a los tribunales, agrega que "todos los movimientos que se relacionan con Alvarez Cascos y Piñeiro son anteriores a 2007, por lo que, según los expertos en la materia, están prescrito. Si fuesen reales, aspecto no demostrado con documentación, no tendrían trascendencia penal".

Sobre los quince empresarios, incluido el marido de Cospedal, que IU pide al juez Ruz imputar en la causa, la Intervención señala que el querellante relaciona donativos y adjudicaciones con un criterio temporal, que consideran "muy discutible". Explica que, a parte de la proximidad de fechas entre la donación y la adjudicación, no hay otras variables que permitan relacionar ambas actuaciones, "como podría ser una relación entre el donativo y el precio de adjudicación. Tampoco encuentran que todos los donativos tengan su correspondiente adjudicación, es más, en muchas ocasiones relacionan un donativo con varias adjudicaciones".

Hacia el final del informe, la Intervención da el salto má grande en su argumentación. Primero dice que coincide con IU en que algunos de los apuntes de los papeles de Bárcenas están soportados documentalmente (IU señala que 46 pagos reflejados en esa contabilidad han quedado acreditados como veraces por los propios interesados o por la documentación obrante en la causa).

Sin embargo, añade que la mayoría de esos apuntes verificados son anteriores a 2007 (de nuevo la mención velada a la prescripción), y además agrega: "Opinamos que el que algunos de esos apuntes parezcan veraces, no confirma la validez del resto. Es más, debido a las numerosas incongruencias de esos papeles, sugieren que o no están todos lo movimientos o hay algunos que no responden a la realidad".

Como colofón, la Intervención no ve utilidad en pedir al Registro Público de Contratos certificación de los celebrados entre las 15 empresas denunciadas y sus filiales con las administraciones públicas, ya que IU no aclara a qué administraciones se refiere, ni cuales son la filiales de las empresas, por lo que la información del registro no serviría para buscar relaciones.

Las coincidencia de la Intervención del Estado con las respuestas de Rajoy no se limitan a su entrevista con Bloomberg. En 2009, al destaparse el 'caso Gürtel', el presidente del Gobierno ya dijo que "nadie podrá probar que Bárcenas no es inocente".