La Agencia Tributaria recaudó 10.950 millones de euros en el año 2013 por la labor de prevención y lucha contra el fraude fiscal, un 4,9% menos, según ha avanzado el director general de la Agencia Tributaria, Santiago Menéndez, en un encuentro con los medios.

Las cifras, según la Agencia, consolidan los años 2012 y 2013 como los más altos de la historia a pesar de haberse alcanzado en un contexto de descenso de las bases imponibles de los impuestos. Además, suponen un grado de cumplimiento del 110,5% sobre lo presupuestado, ya que la Agencia esperaba captar 9.170 millones por este concepto.

La cifra total incluye la minoración procedente de solicitudes de rectificación de autoliquidaciones, un concepto que no se contabilizaba hasta ahora en la lucha contra el fraude y por el que se ingresaron 471 millones el año pasado. Sin tener en cuenta este nuevo concepto, la Agencia recaudó 10.479 millones el año pasado, lo que supone un 9,01% menos que los 11.517 millones recaudados en 2012.

Además, Menéndez ha resaltado la necesidad de hacer una comparación homogénea y separar también de la cifra global la ejecución de las sentencias favorables a la administración de la Delegación Central de Grandes Contribuyentes (DCGC).

Estas sentencias, tal y como ha explicado, arrojaron unos fuertes ingresos de 1.412 millones en 2012 y se han reducido ahora a 463 millones (-67,21%), pero son actuaciones que no dependen directamente de la Agencia Tributaria.

Por su parte, las declaraciones extemporáneas (fuera de plazo voluntario) sin requerimiento previo y de los expedientes de delito fiscal supusieron unos ingresos de 859 millones el año pasado --41 millones por delito fiscal--, pero estas actuaciones tampoco son consecuencia de las actuaciones de la Agencia.

Así y al descontar todos estos conceptos, Menéndez ha explicado que las actuaciones directas de lucha contra el fraude de la Agencia Tributaria generaron 9.158 millones de euros durante el año pasado, un 1,8% más que los 8.158 millones de un año antes.

Según Menéndez, ésta es la comparación que se puede hacer en términos homogéneos teniendo en cuenta que las otras actuaciones no dependen directamente de la Agencia o no se pueden comparar con un año antes.

Por otro lado, la Agencia impulsó 93.261 actuaciones de comprobación e investigación a través del Departamento de Inspección, cifra que supone un incremento del 10,5%. En términos homogéneos, se realizaron más de 600.000 actuaciones, entre las que destacan los aumentos de las inspecciones en el sector de profesionales (+43,5%) y facturación irregular (+44,4%).

El importe liquidado por los órganos de Inspección de la Agencia alcanzó los 5.651 millones, de los que casi un 40% (más de 2.200 millones) se corresponde con expedientes de la DCGC.

Por otro lado, las actuaciones de recaudación en fase ejecutiva con ingreso crecieron un 10,1% en 2013 y generaron 6.809 millones, por lo que los ingresos por vía ejecutiva acumulan ya un incremento de más del 30% en dos años.

Además, se adoptaron 3.173 medidas cautelares para garantizar el cobro de las deudas, un 6,7% más que un año antes. Las que se llevaron a cabo aprovechando las nuevas herramientas de la Ley Antifraude de 2012 sumaron 1.756 actuaciones por un importe superior a los 600 millones. Las derivaciones de responsabilidad aumentaron un 58,5% y sumaron 11.697 actuaciones.

Para luchar contra la economía sumergida, la Agencia realizó 21.741 actuaciones presenciales de verificación, entre las que destacan las 6.658 visitas para aflorar alquileres sumergidos, casi un 40% más que en 2012, y las 2.657 visitas para verificar el cumplimiento de la limitación de efectivo y la realidad de servicios facturados.

Además, se realizaron 10.270 actuaciones en el marco de un programa específico sobre economía sumergida, con 478 actuaciones sobre presuntos emisores de facturas falsas. Se detectó riesgo fiscal en el 37% de los casos.

Por otro lado, los órganos de recaudación reforzaron también las personaciones vinculadas a la lucha contra el fraude en fase recaudatoria, con 3.078 visitas el año pasado para realizar embargos, captación de información y detección de insolvencias presuntas, un 39% más que en 2012 y casi el doble que en 2011.