El Congreso de los Diputados aprobó ayer el proyecto de reforma de la Ley de Asilo, que reconoce, entre otros, el derecho a solicitar refugio por identidad de género y condición sexual. Aunque este derecho ya estaba recogido en la Ley de Igualdad de 2007, el nuevo texto regulará su puesta en práctica.

Desde 2003 y tras la aprobación de la ley de 2005 que autoriza el matrimonio homosexual y la adopción entre gays, el número de solicitudes de asilo en España por condición sexual e identidad de género aumentó de forma considerable. En la sede de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) en Madrid, las peticiones pasaron de 'uno o dos casos' en 2003 a cerca de 30 en 2008, la mayoría de ellos de latinoamericanos. Y la situación se repitió en otras asociaciones de Bilbao, Sevilla y Barcelona.

Además de este reconocimiento, el nuevo texto equipara las solicitudes de estatuto de asilado (por persecución) y las de protección subsidiaria (por razones humanitarias); amplía el papel de ACNUR en la supervisión de las solicitudes de asilo; elimina el sistema abreviado de tramitación; incorpora la reagrupación familiar y da un tratamiento especial a los menores de edad y discapacitados.

Respaldo parlamentario

Para su aprobación, el PSOE contó con el apoyo de todos los grupos excepto la coalición de IU, ERC y ICV, cuyo portavoz, Joan Tardà, se mostró muy crítico. 'Deberíamos avergonzarnos de que el Estado español ni siquiera llegue a la suela del zapato de la Italia de Berlusconi', señaló. En 2008, Italia concedió 10.019 estatutos de asilo y protecciones complementarias, frente a las 277 de España, según ACNUR.

Tardà también cargó contra los parlamentarios al considerar que la nueva Ley será 'más restrictiva sin que cunda el escándalo'. Entre las críticas al texto, destacó la exclusión de los ciudadanos de la UE como posibles asilados y que la concesión del estatuto en las embajadas dependa del criterio del embajador español en cada país. El texto se someterá a debate en el Senado después de las vacaciones y regresará al Congreso para su aprobación definitiva, previsiblemente, antes de final de año.

Amnistía Internacional (AI) y CEAR manifestaron su decepción por 'la oportunidad que ha perdido España para ponerse a la cabeza de Europa en materia de derechos humanos', en palabras del secretario general de CEAR, Alfredo Abad. Las ONG consideran que, pese a reconocer nuevos derechos, la ley recoge la parte más restrictiva de las directivas europeas y vincula el asilo al control migratorio y al cierre de fronteras. 'Refleja una obsesión por estar en guardia, por que nos puedan engañar, más que por garantizar los derechos humanos', concluyó Abad.