'Con la coartada de la austeridad, se confunde lo necesario con lo imprescindible, para engañar a la opinión pública'. La Compañía Radio Televisión de Galicia (CRTVG) vivió ayer una jornada de huelga en señal de protesta por la nueva ley de medios públicos, en proceso de tramitación parlamentaria, porque, según los sindicatos, pone en riesgo la condición de 'servicio público' del Ente. Además, alertan de que llevará aparejada la 'precarización y la destrucción de empleo'. '[La nueva ley] No blinda la existencia de la CRTVG como servicio público y pretende recortar los derechos de los trabajadores', avisa Raquel Lema, presidenta del comité de empresa.

Por ello, al grito de '¡Feijóo aprende, la tele no se vende!' varios centenares de empleados de la compañía se concentraron frente al Parlamento autonómico. De salir adelante la iniciativa legislativa pactada por PP y PSOE y de la que se ha desmarcado el BNG, la radio televisión pública funcionaría 'como una cadena de comunicación privada, donde el Consejo de Administración estaría a cargo de los informativos'.

Los representantes de los trabajadores critican que los políticos sólo se refieran a la existencia de una plantilla 'sobredimensionada' que atribuyen a 'la mala gestión que generalizó la contratación fraudulenta de buena parte' del personal, pero que no se haga mención de los ingresos que perciben los miembros del Consejo de Administración y que, según mantienen, alcanzaron los '120.000 euros al año'.

A su favor esgrimen algunas cifras: la TVG es el segundo canal más visto en Galicia, sólo superado por TVE, y que es el Ente público que menos cuesta producir: 36,6 euros por ciudadano al año.

Para el decano del Colexio de Xornalistas de Galicia, Xosé Manuel Pereiro, la ley gallega de los medios públicos supondrá 'un paso adelante' legislativo, siempre y cuando quede garantizada 'la condición de medio público y en gallego' de la radio y televisión autonómica.

La CRTVG cifró el seguimiento de la huelga en un 45%, mientras que los sindicatos lo situaron en un 80%, tras criticar los servicios mínimos 'abusivos'.