La prioridad era mantener el secreto y evitar el escándalo. La Iglesia católica irlandesa encubrió durante décadas los abusos sexuales cometidos por sacerdotes y contó para ello con la colaboración de la Policía, que nunca se molestó en cumplir con su obligación.

La Iglesia se cubrió ayer de vergüenza al conocerse las conclusiones de un informe encargado por el Ministerio de Justicia irlandés. Entre 1975 y 2004, hasta cuatro arzobispos de Dublín hicieron lo posible para ocultar 320 denuncias de abusos de niños.

"Mantener el secreto, evitar el escándalo, la protección de la reputación de la Iglesia y la preservación de sus fondos económicos" era más importante para la jerarquía eclesiástica que la justicia, según revela el informe.

La Iglesia era muy consciente de lo que estaba pasando. Algunos sacerdotes denunciados eran trasladados a otras parroquias, donde continuaban con su conducta aberrante. La reincidencia era constante. Un solo cura admitió haber abusado de un centenar de niños. Otro dijo que se había dedicado a ello durante 25 años. Nadie los detuvo.

El actual arzobispo de Dublín, Diarmuid Martin, dijo ayer que ni siquiera es suficiente con pedir perdón. "Ofrezco a las víctimas mis disculpas, mi dolor y mi vergüenza por todo lo que les ocurrió". Esta impunidad no hubiera sido posible sin la escandalosa pasividad de la Policía. El informe explica que los mandos policiales no pensaban que lo que ocurriera dentro de centros de la Iglesia fuera de su incumbencia. En ocasiones, al recibir una denuncia, la comunicaban a las autoridades religiosas, pero no se molestaban en iniciar una investigación.

El ministro de Justicia, Dermot Ahern, prometió que los autores de los delitos serán perseguidos, no importa quiénes sean ni cuánto tiempo haya pasado. "Como padre y miembro de esta comunidad, siento repulsión e ira", dijo al presentar el informe. "Repulsión ante estos actos horribles cometidos contra niños. Ira, al ver cómo se trató a todos estos niños y cómo se dejó escapar a los autores de los abusos".

Kevin McNamara, arzobispo entre 1984 y 1987, fue el primero que ordenó que la Iglesia suscribiera un seguro con el que hacer frente a futuras indemnizaciones, lo que demuestra que los abusos eran ya generalizados. Si llegaban a los tribunales, las autoridades religiosas sabían que habría condenas.

Mientras intentaba asegurar su posición financiera, la Iglesia continuaba ofreciendo protección a los agresores. McNamara incluso devolvió a su puesto a un sacerdote que se reconoció culpable en un caso de abusos en 1983. Y lo hizo a pesar de que existían sospechas fundadas de sus actividades criminales más allá del caso denunciado.

No había castigos. El mismo arzobispo nombró a otro cura denunciado para un cargo en un tribunal eclesiástico de matrimonios.