La red de la justicia cerca ya a Enrique Porto. Él fue director general de Urbanismo de la Comunidad de Madrid desde diciembre de 2003, nombrado por Esperanza Aguirre. Y él tuvo que dimitir el 3 de octubre de 2006 por haber participado, presuntamente, en un pelotazo urbanístico en Villanueva de la Cañada (Madrid) que le había reportado 4,3 millones de euros de beneficio.  

Ahora las sospechas cobran cuerpo. Ayer, el juzgado número 2 de Móstoles admitió a trámite la querella que la Fiscalía Anticorrupción presentó el 20 de septiembre contra Porto; el alcalde de Villanueva, Luis Partida, y otras cuatro personas manchadas por supuestas irregularidades urbanísticas. Todos están acusados de prevaricación, cohecho, tráfico de influencias y falsedad documental. La Fiscalía cree que Porto forzó la recalificación de unos terrenos suyos para especular.

Para comprender el caso hay que remontarse a 1998. Entonces, Porto trabajaba como arquitecto para el Ayuntamiento de Villanueva de la Cañada y redactó el Plan de Ordenación Urbana (PGOU), que se aprobó 1999. El proyecto incluía tres fincas en parte propiedad de Porto y en parte de su sociedad Elclansol —que compartía con Ricardo Ortega Aranegui, concuñado del alcalde—. La Comunidad rechazó en mayo de 2003 —esto es, bajo la presidencia de Alberto Ruiz-Gallardón— el PGOU y la recalificación de esos terrenos.

Un año después, con Aguirre en el poder, Porto, ya como jefe de Urbanismo, dio por subsanadas las deficiencias técnicas que motivaron el carpetazo al expediente Villanueva de la Cañada. Y en 2006, vendió las tres fincas a Fadesa. No por 87.000 euros (el precio de compra), sino por 4,3 millones.