El viernes, el Centro de la Mujer de Ciudad Real colgó en su puerta un cartel en el que informaba a las usuarias de que debían acudir a los centros periféricos para recibir atención. Después de 28 años asistiendo a mujeres  con escasos recursos en diversas áreas, sobre todo a víctimas de violencia machista, la institución ha cerrado, dejando a cuatro trabajadoras en la calle y, lo más alarmante, a más de cien mujeres sin cita para atender sus necesidades: 71 esperaban atención psicológica, 31 orientación laboral y cuatro un informe de acceso a la vivienda. 'He pasado la lista al Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha, a la Diputación de Ciudad Real y al Ayuntamiento. No sabemos quién se hará cargo ahora', explica a Público con tono abatido Mar Milla, la psicóloga del este centro desde 2008.

El cierre de Centros de la Mujer en Castilla-La Mancha desde que el PP y María Dolores de Cospedal llegaron a la presidencia en 2012 ha sido habitual, atendiendo fundamentalmente a razones económicas, a recortes presupuestarios. Pero la puerta de este centro no la ha cerrado un ajuste de gasto, sino una sentencia del Tribunal Superior de Justicia en la que dejaba patente la incompetencia de la Diputación (PSOE) y del Consistorio (PP). La sentencia, a instancias de una denuncia del sindicato CCOO, anulaba el convenio por el que el Ayuntamiento de la capital se hacía cargo del centro que durante 26 años gestionó la Diputación.

El Tribunal consideró un 'fraude de ley' la subrogación de los contratos del personal: una psicóloga, una trabajadora social, una asesora jurídico-laboral y una administrativa; además de dos plazas en excedencia: las de la actual alcaldesa de la ciudad, Rosa Romero, y de la concejala de Bienestar Social, Amparo Messía. 'El centro empieza con dos compañeras y otras que se van jubilando. Cuando la Diputación está en manos del PP entran otras dos personas durante unos años. Son ahora la alcaldesa y concejala', expone la trabajadora.

El problema que ahora afea el juzgado no es nuevo, sino que estuvo ahí desde el principio. 'La Diputación tuvo el centro durante 26 años con contratos temporales que se iban prorrogando, nunca se les contrató con carácter fijo hasta que en los tribunales se consiguió el carácter laboral indefinido y pasamos a ser interinas, algo que también lograron la alcaldesa y la concejala', recuerda Milla. Pero esas plazas nunca salieron a 'Hay dolor, muertes y sufrimiento aunque a los políticos no parezca importarles'concurso público, que fue entre otras irregularidades lo que denunció CCOO y que el Tribunal entendió así: 'las trabajadoras se encontraban en la Diputación Provincial en la situación irregular (desde el punto de vista jurídico-público)', por lo que se le obligó a regularizar esa situación. 'La Diputación, sin embargo, mantuvo la situación durante años, sin proceder nunca a regularizarla' entendiendo 'de forma errónea que las trabajadoras eran fijas de plantilla', reza la sentencia.

'Tras el cambio de Gobierno autonómico, la Diputación avisó de que dejaría de solicitar la subvención para el centro porque ya no tenía competencias en materia de Igualdad, aunque siguió gestionando la casa de acogida', afirma Milla. Fue entonces cuando se firmó el acuerdo in extremis para que el Consistorio de Ciudad Real se hiciera cargo de la gestión, pero ahora la sentencia obliga a la Diputación a retomar la gestión, a despedir a las trabajadoras y a ofertar de nuevo las plazas. No obstante, sostiene Milla, ni la Diputación ni el Ayuntamiento ni el Instituto de la Mujer han explicado a las empleadas lo que va a suceder. 'Yo estoy despedida y no se sabe si se volverá a abrir ni cuándo ni cómo. Hay un oscurantismo total y a nadie le importa este centro', critica Milla.

'Ahora tienen que solucionar un problema que ellos mismos han generado' Este organismo atendió a 2.600 mujeres el año pasado, 450 de ellas víctimas de violencia machista. Según la trabajadora, las mujeres han interrumpido sus seguimientos y ahora tendrán que continuarlos en las localidades vecinas, algo que resulta complicado cuando la mayoría de las atendidas carecen de recursos económicos. 'La red de trasportes de Ciudad Real no es la de Madrid y muchas no pueden permitírselo', asegura Milla. 'Atendemos a mujeres sin red familiar ni social, sin apoyo económico, a madres de familias monoparentales de las que un alto porcentaje son inmigrantes. Ahora se quedan desprotegidas', critica

'Llevamos luchando más de una mes para mantenerlo abierto, hemos recogido miles de firmas y ahora estamos anímicamente agotadas', dice Milla en nombre de sus compañeras y algunas pacientes. 'Ahora tienen que solucionar un problema que ellos mismos han generado, porque hemos llegado hasta aquí por su incompetencia', añade. La psicóloga advierte de 'noticias como ésta generan inquietud e inseguridad' en las usuarias, y que 'cuando vuelven a abrirse los centros, porque la ley obliga a cada ciudad a tener uno, tienen la sensación de que no hay continuidad y que no les merece la pena volver a los centros porque no les van a ayudar. Los centros de la mujer no son para hacer ganchillo, es una cuestión de salud. Aquí hay dolor, muertes y mucho sufrimiento aunque parezca que a los políticos no les importe', sentencia.