Una de cada diez personas en el mundo pagó el año pasado un soborno, práctica particularmente extendida en el trato con la policía aunque los ciudadanos piensan que los más corruptos son los políticos, según un informe de Transparencia Internacional presentado hoy en Berlín.

Este informe sobre el barómetro global de la corrupción complementa el índice difundido el pasado mes de mayo y constata un año más que la corrupción no sólo sigue formando parte de la vida diaria, sino que aumentó en Asía, Pacífico y sureste de Europa, afectando sobre todo a los jóvenes y las personas con menos ingresos.

La presidenta de Transparencia Internacional, Hugette Labelle, precisó que el costo económico de la corrupción supera el billón de dólares al año, de los que 25.000 millones corresponderían a África, la región de mundo más necesitada de desarrollo.

"Los pobres, también en los países industrializados, son los más perjudicados por la corrupción", destaca el informe, que incluye un estudio comparativo por sexos y edad según el cual las mujeres son menos propensas que los hombres a pagar sobornos y lo mismo ocurre con los mayores de 65 años en relación con los de 30.

Según Transparencia Internacional, de las 63.199 personas de 60 países consultadas para esta encuesta global sobre corrupción, el 13 por ciento declaró que el pasado año se les pidió y pagaron un soborno para obtener servicios públicos, desde permisos a prestaciones jurídicas y sanitarias.

En África, ese porcentaje fue del 42 por ciento; en Asia y Pacífico del 22 por ciento, en Estados Unidos y Canadá del 2 por ciento, en el sureste de Europa del 12 por ciento y en Rusia, Moldavia y Ucrania del 21 por ciento.

En América Latina el porcentaje de encuestados que tuvieron que pagar un soborno para obtener un servicio fue del 13 por ciento, aunque sólo Venezuela y Argentina se sitúan, con el 12 y el 5 por ciento, respectivamente, por debajo de esa media.

México, Brasil, Chile, Ecuador y Guatemala no están incluidos en el informe, en el que destaca igualmente la ausencia de China, India y de los países árabes porque "el instituto demoscópico que realizó el informe -Gallup- carece de contraparte en esos países", explicó Sylvia Schenk, de Transparencia Internacional Alemania.

En la Unión Europea (UE), el 5 por ciento los encuestados para este informe pagó un soborno a cambio de una prestación, práctica que en Rumanía, Grecia y Lituania confesó haber seguido entre el 27 y el 33 por ciento de los encuestados.

Frente a ese grupo de países comunitarios se sitúan España, donde el 3 por ciento de los encuestados pagó un soborno el pasado año, Reino Unido, Dinamarca, Finlandia e Irlanda, todos con el 2 por ciento, seguidos, con un 1 por ciento de Austria, Francia y Suecia.

El grado de corrupción varía sensiblemente de un país a otro, pero coincide en que la institución pública más "corrupta" es la policía, hasta el punto de que uno de cada cuatro ciudadanos de todo el mundo que tuvo contacto con ese cuerpo fue "invitado" a pagar un soborno y uno de cada seis acabó haciéndolo.

La práctica del soborno es también un problema de alcance en los ámbitos de la justicia, servicios de registro y permisos, educativo, salud y los proveedores de electricidad.

Para Labelle "el hecho de que el poder judicial aparezca, tras la policía, como el sector más afectado por el soborno arroja serias dudas sobre las garantías democráticas de los ciudadanos y la eficacia de la lucha, desde dentro, contra la corrupción".

Pero aunque la policía sea la institución pública más afectada por ese mal, los ciudadanos creen de que los más infectados por esa lacra son los partidos políticos y el poder legislativo.

Así, cuatro de cada cinco entrevistados en Argentina, Camerún, Bosnia-Herzegovina, Bulgaria, Bolivia, India, Japón, Panamá y Nigeria, creen que los partidos políticos son "corruptos", creencia que comparten al menos dos de cada cinco encuestados en Dinamarca, Holanda, Noruega, Suecia, Suiza y Singapur.

El informe señala que la percepción de los ciudadanos respecto al alcance de la corrupción en las instituciones clave de sus país no ha cambiado demasiado en los últimos cuatro años, aunque la opinión sobre algunos sectores, como es el privado, se ha deteriorado.

El futuro, al menos en cuanto a la percepción de los ciudadanos no es más halagüeño, pues más de la mitad de los encuestados piensa que el nivel de corrupción se incrementará los próximos tres años, frente al optimismo expresado por uno de cada cinco.