El juez del Tribunal Supremo José Ramón Soriano, instructor del caso Campeón, ha encontrado indicios de que José Blanco cometió un delito de tráfico de influencias en favor de un empresario amigo suyo, cuando era ministro de Fomento. En consecuencia, apoya pedir el suplicatorio al Congreso para imputar formalmente al hoy diputado socialista y poder sentarle en el banquillo. La decisión no es firme y deberá ser ratificada por la Sala de lo Penal del Supremo, ya que Blanco la recurrirá.

El propio Soriano destaca en su resolución que quiere elevar suplicatorio al Congreso de los Diputados contra el exministro de Fomento y exvicesecretario general del PSOE José Blanco, 'salvo mejor parecer de la Sala'. El instructor rechaza, por otro lado, que se actúe en este momento contra Blanco además por un delito de prevaricación, como quería el fiscal.

En la resolución, el juez desgrana los indicios que ha encontrado contra Blanco en el año y medio de instrucción del caso. Destaca las conversaciones telefónicas que desvelan el interés de Blanco en relación a la licencia ambiental del Ayuntamiento de Sant boi de Llobregat (Barcelona) que su amigo de la infancia y consejero delegado de Azkar, José Antonio Orozco, requería para instalar una nave de la empresa. Según Soriano, fue 'determinante' en el cambio de actitud del Ayuntamiento de Sant Boi en relación a la licencia las reuniones con el alcalde de la localidad, Jaume Bosch, del PSC, 'provocadas por el aforado', es decir, por Blanco. Para el instructor también está claro que el secretario de Estado Isaís Táboas actuó ante el alcalde, 'al que ni siquiera conocía', a instancias de Blanco.

El auto prosigue recalcando la capacidad de influir en una autoridad de 'un partido hermano' como el PSC por un ministro y alto cargo del Partido Socialista (Soriano llama también a Blanco vicepresidente del Gobierno, lo que no llegó a ser). La jurisprudencia, recuerda el juez, 'ha entendido que la afinidad política y el desempeño de ciertos cargos de tal naturaleza puede constituir una forma de presión o influencia en la persona que tiene que dictar la resolución'.

La defensa de Blanco tiene previsto presentar recurso de apelación contra este auto ante la Sala de lo Penal del Supremo, para lo que tiene un plazo de cinco días.

Blanco declaró el pasado mes de marzo, tras conocerse que el fiscal instaba su suplicatorio, que dimitiría como diputado si el Supremo le abría juicio oral. Ese paso aún no ha llegado, ya que antes deberá pronunciarse la Sala sobre el recurso del exministro, después dictar su procesamiento (el denominado actualmente auto de transformación) y posteriormente auto de apertura de juicio oral.