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Las inundaciones reabren el debate sobre los peligros del Ebro

Expertos y ecologistas exigen que se cumpla la legislación vigente sobre ordenamiento territorial, frente a otras medidas de contención, limpieza y dragado defendidas por el Gobierno y las administraciones locales.

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La carretera NA-5202 Fustiñana-Ribaforada (Navarra) anegada tras la última crecida del Ebro. EFE

Entre 20.000 y 40.000 hectáreas anegadas, 2.000 personas desalojadas, pérdidas agrarias y ganaderas de al menos 50 millones de euros, una partida de 45 millones de dinero público para limpiezas y reparaciones y otra de más de 11 millones para ayudas e indemnizaciones. Este es el balance provisional de consecuencias derivadas de la última crecida del río Ebro, la peor en 20 años, (según el Gobierno) y la última de un fenómeno que, aunque no con la misma intensidad, se repite casi cada año. “Todos los años se demuestra que las cosas no se están haciendo bien”, señala Manuel Regueiro, vicepresidente del Colegio de Geólogos, que recuerda que las inundaciones son un proceso natural. “El problema viene cuando se construye en zonas inundables”.

Las últimas avenidas han reabierto el antiguo debate sobre la gestión del río más caudaloso de España. Sobre todo en su tramo medio, entre Álava y Zaragoza, donde confluyen un gran número de poblaciones ribereñas y abundante actividad ganadera y agrícola. Cuando a un caudal de por sí alto se unen fuertes lluvias y el deshielo de la nieve por la subida de las temperaturas, como ha ocurrido durante las últimas semanas en el Ebro, las inundaciones están casi aseguradas. Los diques, supuestamente protectores, no siempre ayudan, llegando incluso a agravar la situación en algunos casos.

Los geólogos denuncian que no se cumple la legislación y exige mapas de riesgo

“Hay un debate para buscar sección al río, en el que hay quien aboga por mantener las motas actuales o quien pide darle más llanura de inundación con la eliminación de algunas barreras”, reconocen a Público desde la Confederación Hidrográfica del Ebro.

Los geólogos han sido uno de los primeros sectores en dar la voz de alarma, pero no los únicos. También los grupos ecologistas o la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG) coinciden en que gran parte de los daños se producen por la actual ordenación del territorio y reclaman cambios, o simplemente, que se cumpla la legislación.

El Plan Hidrológico Nacional incluye la necesidad de delimitar las zonas inundables y de corregir las situaciones que afecten a la protección del dominio público hidráulico “incluyendo la eliminación de construcciones y demás instalaciones” que pudieran implicar un grave riesgo para las personas y los bienes. También la actual Ley del Suelo establece la “obligatoriedad de incluir mapas de riesgo” en los Planes Generales de Ordenación Urbana. Sin embargo, estas organizaciones denuncian que la normativa no se cumple en la inmensa mayoría de los casos.

La ministra reconoce que se está estudiando la posibilidad de dragado del río Ebro

“No se cumple porque es poco popular pedirle a un señor que no ponga una nave ganadera en el cauce del río”, dice a este periódico Santiago Martín, responsable de agua de Ecologistas en Acción. “Hay otros intereses. Si haces una estrategia y el mapa de riesgo indica que hay zonas donde no se puede construir, eso limita el territorio para crecer. Se siguen consideraciones económicas”, añade Regueiro.

Desde Medio Ambiente eluden la respuesta. En un acto informativo celebrado este lunes, la ministra Isabel García Tejerina evitó responder sobre la necesidad de hacer cumplir la legislación aduciendo que la ordenación urbana queda fuera de sus competencias. No obstante, el propio Plan Hidrológico señala que el Ministerio de Medio Ambiente “promoverá convenios de colaboración con las Administraciones Autonómicas y Locales que tengan por finalidad eliminar las construcciones y demás instalaciones situadas en dominio público hidráulico y en zonas inundables”.

"La limpieza del río es la mayor de las barbaridades", dice Ecologistas en Acción

El Consejo de Ministros aprobó el viernes un Real Decreto Ley de medidas urgentes y créditos extraordinarios, pero de momento poco se sabe sobre la estrategia que piensa seguir para evitar los daños a largo plazo. García Tejerina ha reconocido que desde el Gobierno se estudian medidas como el dragado del río o la limpieza de sedimentos, reclamadas por algunos de los ayuntamientos y pobladores afectados, pero no sólo. “Lo más importante es hacer infraestructuras hidráulicas. Tenemos un montón de presas que estaban paralizadas y que son la mejor lucha para las avenidas”, dijo.

Los ecologistas, en cambio, claman contra estas medidas, no sólo por los peligros para el medio ambiente, sino para la seguridad. “La ministra no sabe de lo que habla, da vergüenza ajena. El dragado no sirve para nada y la limpieza es una barbaridad, incluso tiene un efecto contraproducente. Si le quitas los sedimentos, el agua puede bajar a tanta velocidad que mataría a gente, es un tema que es de cajón”, dice Santiago Martín.

El Colegio de Geólogos, aunque menos tajante, coincide en que “es muy negativo desde el punto de vista ecológico”. “Se podrían plantear expropiaciones. Son medidas fuertes, pero necesarias si se quieren evitar los daños del fenómeno natural que más costes conlleva en España”, dice Regueiro.

PROPUESTAS EN EL CAJÓN

Tras las inundaciones de 2003, el Gobierno de Aragón redactó el Plan Medioambiental del Ebro y tramo bajo del Cinca que, entre otras recomendaciones, recogía la de revisar los planes de ordenación territoriales, delimitar las zonas protegidas y la ordenación del uso del suelo residencial “de cara a la limitación en la proliferación de urbanizaciones ilegales”. Pero quedó abandonado en algún cajón de despacho y nunca fue llevado a la práctica.

También la Confederación Hidrográfica del Ebro puso en marcha una comisión de seguimiento del Ebro tras las fuertes crecidas de 2007 para hablar de soluciones en el tramo medio del río. Según apunta la propia Confederación, en ese momento se propusieron zonas de inundabilidad controlada cubierta por aseguradoras, cauces de alivio o la impermeabilización de infraestructuras. Pero no tuvieron mucho éxito. Tan sólo tres municipios aceptaron inundar sus territorios de forma controlada. El resto exigían la limpieza del río, para la que es necesaria una declaración de impacto ambiental que nunca terminó de aprobarse.

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