La investigación no halla evidencias del pago de un rescate

La investigación sobre el supuesto rescate que permitió la liberación del atunero Alakrana abierta por el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz a instancias de la Fiscalía no ha permitido hasta el momento hallar evidencia alguna de que se produjera el pago.

Así lo han confirmado hoy fuentes jurídicas, que han señalado que ninguno de los tres informes encargados por Pedraz —a la Policía, a la Guardia Civil y al Centro Nacional de Inteligencia (CNI)— aportan datos que permitan afirmar que los piratas somalíes que secuestraron el buque recibieran cantidad alguna, que varios medios cifraron entre los 2,3 millones y los 2,7 millones de euros.

De hecho, el elaborado por la Comisaría General de Información del Cuerpo Nacional de Policía concluye que no hay pruebas que indiquen que el supuesto rescate fuera abonado por el armador del Alakrana, Kepa Etxebarria, que en su declaración ante el juez el pasado día 18 negó haber intervenido en las gestiones que llevaron a la liberación del atunero.

Los informes figuran en la pieza separada que el magistrado acordó abrir el pasado 19 de noviembre para investigar la "trama jurídico-financiera" que rodeó el secuestro del pesquero Alakrana y para identificar a los "comisionistas" y a los bufetes de abogados que negociaron el rescate supuestamente pagado por su liberación.

El magistrado accedía así a la petición de la Fiscalía, que le había instado a investigar "a los comisionistas intervinientes en la liberación, así como a los bufetes de abogados (con sede en Londres y otros países europeos) que hayan podido participar en las negociaciones del secuestro y demás hechos concurrentes con los citados".

En la parte principal de la causa se encuentran procesados los somalíes Abdu Willy y Raageggesey Adji Haman, detenidos por participar en el asalto del pesquero y acusados de 36 delitos de detención ilegal y uno de robo con violencia y uso de armas, para quienes la Fiscalía tiene previsto solicitar penas que superan los 200 años de cárcel cuando sean juzgados.