Islandia rechaza pagar la factura de la bancarrota financiera

Los islandeses se mantienen firmes. Por segunda vez, decidieron rechazar asumir más consecuencias por la bancarrota de su sistema financiero. El referéndum del sábado arrojó cerca de un 60% de votos negativos a la propuesta del Gobierno de devolver 4.000 millones de euros perdidos por los ciudadanos e instituciones británicas y holandesas que pusieron sus ahorros en las cuentas del banco islandés Landsbanki.

En la primera consulta en marzo de 2010, las condiciones para la devolución del dinero eran tan onerosas que fueron rechazadas por el 93% de los votantes. En esta ocasión, el plazo de devolución se había alargado y el tipo de interés, reducido. El acuerdo contaba con el apoyo del Gobierno socialista y de la oposición conservadora, pero la furia popular por el colapso de la industria financiera aún no había remitido. Y 4.000 millones de euros no es una cantidad pequeña. Supone la tercera parte del PIB de Islandia, un país de unos 320.000 habitantes.

La cantidad reclamada es una tercera parte del PIB de Islandia

No sirvió de nada que el Gobierno afirmara que la cantidad final será menor, porque habría que descontar la venta de los activos que aún quedan de Landsbanki.

Al desencadenarse la crisis financiera, el Gobierno islandés protegió los ahorros de sus ciudadanos. Los extranjeros quedaron expuestos a perderlo todo, lo que ocasionó la reacción desproporcionada del Gobierno de Gordon Brown. Reino Unido utilizó la legislación antiterrorista para congelar los activos de los bancos islandeses en el país e impedir que pudieran ser recuperados por Islandia. Al final, Gran Bretaña y Holanda compensaron a sus ciudadanos y pasaron la factura al Gobierno de Reykjavik.

Reykjavik dice que la deuda perjudica su recuperación y la liquidez del país

"El tiempo de las negociaciones ha terminado", dijo ayer el ministro holandés de Hacienda, Jan Kees de Jager. "Islandia está obligada a pagar. Serán los tribunales los que tomen la decisión".

Los gobiernos británicos y holandés llevarán el caso probablemente al organismo que regula las relaciones de Islandia con la UE, la Autoridad de Vigilancia de la Efta.

El Gobierno islandés sostenía que la existencia de la deuda perjudica la recuperación y el acceso a los mercados financieros. Si no se cerraba ese capítulo, no se podía poner fin al control en la importación y exportación de capitales en vigor desde el inicio de la crisis.

De forma inmediata, el mayor peligro es que las agencias de calificación reduzcan la categoría de los bonos islandeses. Moody's ya había amenazado con hacerlo si ganaba el no.