Acostumbrados a los bandazos de Silvio Berlusconi y a la incontinencia verbal de su pléyade de ministros, incluso los más acérrimos defensores del economista Mario Monti empezaban a impacientarse por la aparente ausencia de movimiento del Gobierno técnico que dirige desde hace dos semanas. Hasta cierto punto es comprensible, porque la discreción y frialdad de la clase dirigente son dos características que los italianos llevan muchos años sin experimentar. Pero hoy por la tarde la Cámara de Diputados aprobó por 464 votos a favor y 11 abstenciones (un tiempo récord para lo que suelen ser las farragosas maniobras parlamentarias) el decreto ley que introducirá en la Constitución la obligatoriedad del equilibrio presupuestario.

El texto irá al Senado y debe pasar de nuevo por las dos aulas antes del visto bueno definitivo, que prevé la modificación del artículo 81 de la Carta y la puesta en marcha de una comisión que fiscalice las cuentas. Y aunque en España, no sin polémicas, un cambio similar se hizo en menos de una semana, por lo menos es una señal de que algo empieza a girar.

Unas horas antes, Monti ya había confirmado en la reunión del Ecofin que Italia alcanzará el déficit cero en 2013. "Será difícil, pero lo conseguiremos", dijo en rueda de prensa. El primer ministro presentará el lunes un paquete de medidas para atajar la crisis que definió como "una vasta operación de política económica con la que aseguraremos la implementación de algunas decisiones tomadas por el Gobierno precedente y que consentirán una serie de reformas estructurales a corto plazo".

Con la monotonía que le caracteriza, esquivó los detalles y no aclaró si los recortes serán por 20.000 millones de euros, como barajan los medios, pero no pudo ocultar que las medidas dolerán y recibirán las críticas de ciudadanos y partidos: "Actuaremos rápidamente, pero quiero resaltar que estamos en una situación muy delicada []. Llamo al sentido de la responsabilidad porque las consecuencias pueden ser graves para todos".

En la maniobra del lunes podría entrar el aumento de los años de cotización (hasta los 43) antes de poder jubilarse, algo que Susanna Camusso, secretaria general del sindicato CGIL, calificó este miércoles de innegociable.

Lo mismo puede ocurrir con la previsible introducción de una tasa por la primera casa y otra a las grandes fortunas. El partido de Berlusconi ha dicho por activa y por pasiva que no lo aceptará y con su mayoría en el Senado puede paralizarlo tranquilamente.