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Cuando parece que el acuerdo está cerca, deja de parecerlo. El ritual se repite a menudo antes de una cumbre de líderes europeos y es convenientemente rentabilizado por los especuladores financieros. Sin embargo, en esta ocasión, la trascendencia y los protagonistas tienen pocos precedentes.
Italia se convirtió ayer en la fuente de todos los temores al afanarse, por segundo día consecutivo, en elaborar una lista de medidas con las que presentarse en la cumbre de Bruselas llamada a acabar con la crisis de deuda. Fuentes comunitarias no ocultan su temor a que Italia siga el camino de Grecia, Irlanda o Portugal y necesite pedir ayuda al reforzado fondo de rescate a través de algunas de sus nuevas características, como la línea de crédito o la compra de bonos de deuda pública.
Fuentes de la UE temen que Italia siga el camino de Grecia o Irlanda
Pero Italia no es un paciente cualquiera, sino un órgano vital para la eurozona, donde se erige en tercera economía en tamaño. 'El problema es que (Silvio) Berlusconi dice que hará, pero todo se queda en palabras', resumía una fuente cercana a las intensas presiones que el primer ministro recibió de Angela Merkel, Nicolas Sarkozy y los líderes de las instituciones comunitarias.
Con todo, Italia es un problema sobrevenido a una cumbre de por sí tan densa como abierta. Los líderes del euro celebrarán esta noche un encuentro tras reunirse con los diez primeros ministros fuera de la moneda única, una exigencia del británico David Cameron que el domingo enfureció a un Sarkozy para el que el cónclave extra es prescindible.
El BCE es el gran ausente pese al empeño de Francia y de los expertos
En la cumbre del euro, los jefes de Gobierno pretenden acordar una gran reducción de la deuda de Grecia, una masiva recapitalización de grandes entidades bancarias y la multiplicación de la capacidad del fondo de rescate del euro.
Aunque las cifras básicas del acuerdo han trascendido, varias de ellas por boca de la canciller alemana, fuentes comunitarias dudan de que las conclusiones de la cumbre recojan la mayoría. En otras palabras, reconocen un 'continuará' ya anunciado por la presidencia rotatoria de la Unión Europea, que ostenta Polonia. En un movimiento al que se le atribuye una gran fluctuación bursátil, la presidencia anuló una reunión de ministros de Finanzas preparatoria de la cumbre, que debía celebrarse esta mañana. En un comunicado, prometió que los ministros se reunirán para 'trabajos futuros' basados 'en el resultado' de la cumbre, cuyas conclusiones no contendrán 'todos los elementos y detalles necesarios'.
Entre los protagonistas que ayer hicieron que se cumpliese el ritual, tan emocionante como peligroso, se encuentra el BCE. En realidad, figura como el gran ausente pese al empeño de Francia y una multitud de economistas, que siguen viendo a la institución monetaria como el instrumento más útil y hasta ahora infrautilizado con el que enfrentarse a la crisis de deuda.
Los líderes pretenden dotar el fondo de rescate con un billón de euros
Ayer, Angela Merkel vetó una parte del borrador de conclusiones en la que se sugería que el BCE debía seguir con las operaciones fuera de su mandato legal que hasta ahora han sostenido a la zona del euro, como son la compra de bonos de deuda españoles e italianos. 'Alemania no acepta la frase tal y como está ahora en el comunicado', reconoció la canciller, haciendo gala de la tradicional oposición de su país, que llevó a su representante en la institución, Jurgen Stark, a presentar su renuncia.
La zona del euro pretende pactar una reestructuración de la deuda griega que llegue al 55%, aunque los bancos consideran suficiente un 40% y amenazan con boicotearla declarando un 'evento de crédito' que active los seguros por impago, un escenario potencialmente catastrófico. Además, las nuevas exigencias bancarias, que elevarán al 9% el capital de calidad requerido, destaparán unas necesidades de recapitalización de alrededor de 100.000 millones de euros.
Por otra parte, los líderes europeos pretenden ampliar la capacidad del fondo de rescate de 440.000 millones de euros a más de un billón, para lo que pedirán fondos a inversores privados y públicos, como el FMI y los países emergentes.
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