Izquierda Unida y varios de los abogados más activos en los asuntos de jurisdicción universal quieren llevar el acuerdo al Tribunal Constitucional, al considerar 'gravísimo' que el Gobierno haya firmado convenios y tratados internacionales de derechos humanos y no persiga a quienes los vulneran.

El diputado nacional de IU, Gaspar Llamazares, criticó el 'doble rasero' establecido con la reforma, que provocará 'impunidad en quienes no reconocen el Tribunal Penal Internacional'. En su opinión, 'la lógica diplomática ha vencido sobre la lógica democrática'.

Los abogados Gonzalo Boyé y Antonio Segura, dos de los que interpusieron la querella de Gaza que aparentemente ha dado origen a la reforma, se mostraron igual de críticos. 'Se ha hecho con nocturnidad, porque moralmente era indefendible y no resistía un debate en el Congreso', señaló Boyé, que cree que con ella 'España pierde autoridad moral y no conseguirá nada, porque si el objetivo era parar la causa de Israel, no lo conseguirá'.

'Los partidos mayoritarios se piensan que se firman los convenios internacionales para ponerlos en un marco, pero en muchos casos, suponen una cesión de soberanía', incompatible con la reforma pactada, señaló Segura. El letrado cree que el artículo 451 del Código Penal, que castiga expresamente el encubrimiento de una serie de delitos entre los que está el genocidio, los de lesa humanidad y los de guerra, es aplicable.

Baraja, en el caso de que la reforma salga adelante, presentar una querella junto con asociaciones de derechos humanos, contra todos los diputados que la voten, al entender que encubre a los criminales más peligrosos.