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Los jefes del boliviano que perdió un brazo quedan en libertad provisional sin fianza

Los empresarios imputados tendrán que presentarse cada 15 días en el juezgado. El juez estima queno hay riesgo de fuga ni de destrucción de pruebas.

PÚBLICO.ES / EFE

Los dos hermanos responsables de la panificadora de Real de Gandia (Valencia), donde un trabajador sin papeles de origen boliviano perdió un brazo el pasado 28 de mayo en un accidente laboral, han quedado en libertad provisional sin fianza tras declarar durante cinco horas en los Juzgados de Gandia (Valencia).

De momento sólo tienen la obligación de comparecer los días 1 y 15 de cada mes en el Juzgado para garantizar su colaboración con la Justicia, ha informado el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV).

El juez no ha considerado oportuno decretar la privación de libertad como medida cautelar, como pedía la acusación popular y el fiscal, al estimar que no existe riesgo de fuga ni de destrucción de pruebas por parte de los imputados, que tienen domicilio conocido y arraigo familiar en la localidad.

El fiscal de Siniestralidad Laboral, Jaime Gil, había solicitado al juez prisión provisional con fianza eludible de 100.000 euros para cada uno de los dos hermanos imputados por estos hechos, a los que atribuía los delitos de riesgos laborales, lesiones consumadas y contratación ilegal.

En cuanto al delito de omisión de ayuda -el sindicato CCOO denuncia que uno de ellos abandonó a Melgar a 200 metros del hospital y tiró el brazo a un contenedor de basura-, el fiscal considera que no existen suficientes pruebas para esa imputación.

Los empresarios llegaron a las 09.20 horas al Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 6 de Gandia (Valencia). A su llegada a las dependencias judiciales, con gafas y gorras, les ha abordado un nutrido grupo de periodistas, al que han evitado entrando con celeridad al edificio.

El trabajador boliviano Franns Melgar Vargas, que sufrió la amputación de su brazo izquierdo el pasado 28 de mayo, estaba empleado en la empresa en situación ilegal, trabajaba doce horas al día y cobraba 700 euros al mes, según sus declaraciones.

Según el sindicato Comisiones Obreras, el jefe del trabajador tiró el brazo a un contenedor de basura después del accidente, lo que impidió la reimplantación, le dejó a 200 metros del hospital y le pidió que no dijera nada sobre su situación laboral, versión que los empresarios rechazan.

 

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