El estadounidense de origen puertorriqueño José Padilla y otros dos acusados de formar parte de una célula terrorista de Al Qaeda fueron condenados hoy a penas menos severas que las solicitadas por la Fiscalía Federal.

Padilla, considerado por el Gobierno un "ex combatiente enemigo" de Estados Unidos, deberá pasar 17 años y cuatro meses en la cárcel, Adham Amin Hassoun cumplirá una condena de 15 años y ocho meses y Kifah Wael Jayyousi fue sentenciado a 12 años y ocho meses.

La jueza Marcia Cooke emitió en Miami las sentencias después de que un jurado fallase en 2007 que el trío era culpable de integrar una célula terrorista de apoyo a Al Qaeda y de conspirar para secuestrar, mutilar y asesinar a personas en el extranjero como parte de una "guerra santa".

Los fiscales federales, que habían pedido cadena perpetua para los tres, consideraron "poco razonable" la decisión de la magistrada y es posible que apelen la sentencia.

Cooke dijo que no impuso la pena máxima en este caso porque aunque los delitos son "graves", ningún acto de terrorismo se llevó a cabo en suelo estadounidense y tampoco hubo un complot para afectar al Gobierno de Estados Unidos.

"No hubo prueba de que los acusados personalmente hayan asesinado o mutilado a alguien", precisó la jueza, quien tomó en consideración "las duras condiciones" de la detención de Padilla, de 37 años, durante tres años y medio en una base militar en Carolina del Sur.

El trío afrontaba una sentencia mínima de 30 años y una máxima de cadena perpetua según lo establecido en una disposición legal que endurece el castigo de quienes intentan coaccionar o influir al Gobierno de EE.UU. a través de acciones terroristas.

Estela Lebrón, madre de Padilla declaró tras la audiencia: "Estoy muy feliz, aleluya. Ustedes saben desde el principio (del juicio) que mi hijo era inocente".

Aunque los fiscales no lograron la cadena perpetua, algunos analistas consideran que la condena ratifica la posición del Gobierno de que Padilla era un "combatiente enemigo", así como su política antiterrorista, la cual ha generado un debate acerca de cómo mantener el equilibrio entre proteger la seguridad pública y los derechos de los estadounidenses.

El Gobierno dice que esa política, puesta en vigor tras los atentados terroristas del 11 de septiembre de 2001, que se cobraron la vida de cerca de 3.000 personas, se mantiene porque aún pende sobre el país la amenaza de otros ataques.

De hecho, en septiembre pasado el presidente George W. Bush extendió por un año más el estado de emergencia nacional contra el terrorismo declarado después de los ataques del 2001.

Pero otros expertos temen las implicaciones que podría tener el caso Padilla en la preservación de los derechos civiles.

Jacob Hornberger, fundador y presidente de Future of Freedom Foundation, con sede en Virginia, dijo a Efe que hay "lecciones importantes" en el caso de Padilla.

Una de ellas -precisó- es el "maltrato a Padilla, un ciudadano estadounidense, al tiempo que la custodia militar en EE.UU. confirma que el poder ejercido por el Presidente y los militares para arrestar, torturar y encarcelar personas sin juicio no está limitado a extranjeros, se extiende a los estadounidenses".

Los abogados de Padilla denunciaron que su cliente, detenido en 2002 como sospechoso de conspirar para detonar una "bomba sucia" radiactiva en EE.UU, fue maltratado y torturado cuando estuvo recluido como "combatiente enemigo" en una base militar, donde permaneció incomunicado sin que se le presentaran cargos.

Sin embargo, el gobierno estadounidense ha negado repetidamente esas acusaciones.

Hornberger, de profesión abogado, consideró que la llamada doctrina del "combatiente enemigo" constituye la "más peligrosa y directa amenaza a la libertad de los estadounidenses en la historia de EE.UU.".

En ello coincidió Eduardo Gamarra, profesor universitario de ciencias políticas en Miami, quien opinó que esa doctrina es más nociva que la implementada "en otras épocas como la Segunda Guerra Mundial, la Guerra Fría y la lucha contra el comunismo".

"El caso de Padilla es otra vez esa legitimación al uso y abuso del poder estatal y prácticamente a la desaparición de la Cuarta Enmienda de la Constitución de EE.UU. referente al debido proceso", comentó a Efe.

Para el académico, el caso refleja cómo con el apoyo de una buena parte de los estadounidenses se procedió a la "sistemática erosión de los derechos civiles en este país".