JP Morgan, dispuesto a pagar una multa de 450 millones para zanjar el caso de la 'ballena de Londres'

El banco estadounidense JP Morgan podría aceptar pagar una multa de entre 500 y 600 millones de dólares (370 y 450 millones de euros) para poner fin a la investigación de las autoridades estadounidenses respecto a la responsabilidad de la entidad en una serie de operaciones con derivados realizadas en su oficina londinense por las que la Justicia de EEUU también ha presentado cargos contra el español Javier Martín-Artajo.

El Departamento de Justicia de EEUU, la Comisión del Mercado de Valores (SEC), la Comisión del Mercado de Futuros y Materias Primas, así como la Oficina del Interventor de Divisas de EEUU y la Autoridad de Conducta Financiera de Reino Unido investigan la responsabilidad de JP Morgan en las operaciones de Bruno Iksil, conocido como 'la ballena de Londres' y que trabajaba a las órdenes de  Martín-Artajo.

Según 'The Wall Street Journal', no todos los organismos que investigan a JP Morgan habrían dado aún el visto bueno a las cifras del acuerdo, que podría hacerse público en las próximas semanas.

De este modo, la entidad estadounidense trata de cerrar la última de una serie de causas legales abiertas por las autoridades de EEUU, después de que el Gobierno de EEUU haya exigido al banco una compensación de 6.000 millones de dólares (4.500 millones de euros) por la mala comercialización de activos a las hipotecarias semipúblicas Fannie Mae y Freddie Mac.

Desde 2012, JP Morgan se ha visto obligado a destinar unos 2.400 millones de dólares (1.805 millones de euros)  para zanjar distintas investigaciones, incluyendo acusaciones de manipular el mercado energético o la mala comercialización de valores hipotecarios.

Javier Martín Artajo, exdirector de la oficina de inversiones de JP Morgan en Londres está acusado de falsear las cuentas del banco estadounidense y provocar pérdidas de cerca de 4.600 millones de euros. Tras entregarse este martes a la Policía, el exdirectivo español de JP Morgan fue puesto en libertad tras negarse a ser extraditado a EEUU, aunque no podrá abandonar el territorio nacional.