La asociación Jueces para la Democracia (JpD) ha advertido hoy al Ministerio de Justicia de que no aceptará reformas que supongan una privatización de servicios públicos o la atribución de competencias a notarios y registradores que encarezcan el coste para el ciudadano.

De esta forma se ha pronunciado JpD en una nota después de que el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón haya anunciado que una de las primeras medidas que adoptará su Departamento será impulsar un ley de mediación y jurisdicción voluntaria que suponga, por ejemplo, que los notarios puedan resolver matrimonios y divorcios de mutuo acuerdo.

Esta asociación de jueces de corte progresista advierte de que no aceptarán reformas que supongan una reducción del control judicial de los derechos de las partes, la privatización de servicios públicos u otorgar competencias a registradores y notarios en materias como la jurisdicción voluntaria "que implique de hecho un encarecimiento de estos servicios".

"Desjudicializar no equivale a privatizar o a mermar garantías, y es exigible el respaldo público de prestaciones que no pueden quedar sometidas al dictado del mercado", sostiene JpD.

Por su parte, el Sindicato de Secretarios Judiciales (SISEJ) considera que su colectivo puede asumir las atribuciones que no tengan carácter jurisdiccional porque están "perfectamente capacitados" y además se han mostrado dispuestos a hacerlo "con coste cero para la ciudadanía".

De esa forma, subraya el sindicato en un comunicado, se garantizaría la prestación del servicio público para todos los ciudadanos, puesto que, en su opinión, ninguna reforma de la legislación debe realizarse "a costa de medidas" que perjudiquen la igualdad en el acceso a los servicios públicos, sea mediante el establecimiento de tasas o de otra índole.

El SISEJ considera que debe llevarse a cabo una reforma cualitativa y de organización y no cuantitativa porque, recalca en la nota, los ciudadanos que acuden a la Justicia "no son un número, un problema o una molestia", sino usuarios que tienen derecho al "mejor servicio, universal, público y en condiciones de igualdad".