Un empresario jubilado ha presentado una querella ante la Audiencia Nacional contra el consejo de Caja Madrid y el expresidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) Julio Segura en la venta de participaciones preferentes, al tiempo que ha pedido que se declare responsable civil subsidiario a la entidad financiera y al supervisor.

En concreto, la querella va dirigida a los miembros del consejo de administración de Caja Madrid Finance Preferred el 21 de mayo de 2009 (Carlos Stilianopulos, José Luis Sánchez Blázquez y Begoña Hernández Velayos). A ellos se suman los miembros del consejo de administración de Caja Madrid y Monte de Piedad de Madrid en la misma fecha: Miguel Blesa, Miguel Crespo, Enrique de la Torre, Gerardo Díaz Ferrán, Gonzalo Martín Pascual, Jesús Pedroche, Jorge Gómez, Rodolfo Benito, Virgilio Zapatero, José Manuel Fernández Norniella, José María Arteta y Luis Blasco. También se incorpora al expresidente de la CNMV Julio Segura.

La querella, interpuesta por el despacho de abogados Jausas, recuerda que el supuesto que en ella se plantea es uno de los muchos que se han presentado en España, donde más de 100.000 personas, empresas y fondos de inversión depositaron sus ahorros en preferentes emitidas por Caja Madrid por 3.000 millones de euros.

En este caso, se trata de un empresario jubilado que contrató preferentes en 2008 con el objetivo de 'preservar su capital sin estar dispuesto a admitir pérdidas'. 'El querellante disponía de unos depósitos a plazo fijo en Caja Madrid y ésta le recomendó activa e insistentemente a través de la oficina bancaria que adquiriera acciones preferentes (...) como producto seguro y sin riesgo', señala la querella. El comprador destinó finalmente 170.000 euros a este producto.

Para argumentar su queja, el afectado presenta un informe pericial en el que se reconoce que en la venta hubo 'engaño en la naturaleza del producto', ya que Moody's cambió el rating de Caja Madrid y, en consecuencia, las preferentes 'pasaron de ser un producto seguro de alta calidad con muy bajo riesgo de crédito a un producto de moderada seguridad y sustancial riesgo de crédito, apropiado solo para inversores especuladores'.

Alega que Caja Madrid 'se limitó' a comunicar a la CNMV este hecho, 'impidiendo al querellante revocar la orden de suscripción'. Mientras tanto, el supervisor publicó el hecho relevante 'cuando podría y debería haber suspendido la emisión o bien haber obligado a Caja Madrid a difundir esa información entre todas las personas que habían suscrito órdenes irrevocables de compra de las preferentes'. De ahí una posible responsabilidad de la CNMV, argumenta. 'También podría resultar una responsabilidad de la propia CNMV por no haber contrastado debidamente las valoraciones y no haber realizado advertencia', apunta.

El querellante también cree que pudo haber responsabilidad de Intermoney Valora, porque 'presuntamente no tuvieron en cuenta todos los parámetros necesarios para realizar una valoración independiente, inclusive la degradación del rating.

La querella también denuncia que Bankia, como sucesor de Caja Madrid, continuó vendiendo en el mercado secundario participaciones preferentes a su valor nominal hasta el 11 de noviembre de 2011, pese a las advertencias de la CNMV para que cesara en esa actividad.

La acción solicita que se declare la responsabilidad civil tanto del organismo supervisor como de la entidad financiera y que se resarza al querellante con la totalidad de la inversión incrementada en un 30%.

Jausas adelanta que a esta querella se adherirán próximamente la mujer del empresario y otros muchos particulares, empresas e instituciones afectados por participaciones preferentes, toda vez que existía una apariencia de falsa seguridad en los productos.

Por su parte, la Asociación de Usuarios de Bancos, Cajas y Seguros (Adicae) presentará este martes una demanda colectiva contra Bankia por el 'engaño y fraude' a más de 2.500 afectados de las participaciones preferentes.

En una nota, la asociación ha avanzado asimismo que incorporará el informe de la CNMV en el que apuntaba que la entidad perjudicó a algunos de sus clientes al venderles a precios alejados de su valor razonable preferentes de las que se deshacían otros, a las querellas que interpuso contra la CAM, Novagalicia, CCM y Catalunya Caixa.

Dicho informe ya consta en la causa abierta en la Audiencia Nacional contra 33 exconsejeros de Bankia, que instruye el magistrado Fernando Andreu, a quien la asociación aportará además centenares de contratos de afectados en los que 'se comprueba que la entidad falsificó las fechas de manera evidente y burda'.

Según la nota, en los contratos, fechados en 2004, figura el logo de Bankia, que aparece como la entidad con la que el usuario 'contrataba', a pesar de que este grupo no nació hasta marzo de 2011.