El Poder Judicial avala el sistema de escuchas

La iniciativa parlamentaria del PP para modificar el sistema de escuchas que utiliza la policía llegará al Congreso soportando las críticas de los investigadores, jueces, fiscales y el órgano que regula a estos dos últimos colectivos, el Consejo General del Poder Judicial. Su portavoz, Gabriela Bravo, sentenció ayer que Sitel "garantiza con la suficiente fortaleza" los derechos y las libertades fundamentales.

Bravo puso el acento en que las intervenciones telefónicas han necesitado siempre de una previa autorización judicial. Ésta, añadió, se concede siempre que la petición por parte de la policía esté "debidamente argumentada" y justifique la "invasión" de un derecho fundamental, como es la privacidad de las comunicaciones.

Sitel garantiza los derechos y las libertades «con la suficiente fortaleza»

"Si se hubiera realizado algún tipo de intervención telefónica sin esa autorización judicial, o al margen de la Ley, las personas afectadas la hubieran denunciado", dijo Bravo en una entrevista en la Cope. El Partido Popular puso a Sitel en el centro del debate político cuando su vicesecretario de Comunicación, Esteban González Pons, presentó la semana pasada su iniciativa parlamentaria para la aprobación de una Ley Orgánica que regule el uso de Sitel. De paso, acusó al Gobierno de haber puesto en marcha un sistema "inconstitucional" y al Ministerio del Interior de utilizarlo para practicar "escuchas ilegales", aunque aún no ha presentado pruebas.

El actual titular de Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, mostró minutos después el contrato firmado por Mariano Rajoy en 2001 con la empresa que instaló Sitel, situando el comienzo de su utilización en febrero de 2004, con el PP todavía en el poder, en una operación antidroga en Pontevedra. En total, el Gobierno conservador se gastó11,3 millones de euros, aunque el sistema no funcionaba correctamente y en 2005, el Ejecutivo socialista tuvo que desembolsar más de 3 millones de euros adicionales para optimizarlo.

"Traslada los avances de las telecomunicaciones a la Justicia"

Asociaciones de jueces, fiscales y sindicatos policiales salieron a defender la legalidad del sistema, que permite intervenir miles de teléfonos de sospechosos de delitos graves , tales como el terrorismo, el crimen organizado o la corrupción. El uso de Sitel, además de necesitar de autorización judicial y de la intervención de la compañía telefónica, permitió a los agentes desprenderse del sistema de grabaciones en magnetófono. A este respecto, Gabriela Bravo dijo ayer que el Sitel no ha hecho más que "trasladar los avances de las telecomunicaciones en el ámbito de la Justicia".