La Diputación Provincial de Salamanca, en manos del Partido Popular, lleva más de tres años haciendo caso omiso a sentencias de diversos órganos judiciales para que modifique la libre designación del cargo de interventor, que introdujo a través de una reforma del catálogo de puestos de trabajo en 2006. Desde entonces, la Diputación del PP ha insistido en colocar a dos afines en los puestos de interventor y adjunto. Mientras las sentencias adversas se repetían, los conservadores metieron a esas dos personas en otros puestos de la Diputación.

Una de estas sentencias, del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCL), fue llevada ayer a pleno por el Grupo Socialista. El fallo, al que tuvo acceso Público, obliga a pagar las costas a la Administración, pero, aun así, el diputado encargado de Recursos Humanos en la Diputación salmantina, José Prieto, acusó a la oposición de hacer demagogia y defendió que la sentencia no implicaba 'responsabilidad económica de ningún tipo'.

Ya en 2008, otra sentencia del Tribunal Superior de Justicia corregía una modificación anterior, de 2005, que anulaba el acuerdo del pleno provincial. El 17 de abril de 2009, se condenó a la Diputación por el nombramiento de un interventor en noviembre de 2006 de forma provisional. Tres días después, ese Juzgado volvía a condenar a la Diputación y a la Junta de Castilla y León por la misma práctica, según resolución de ambas administraciones de fecha 23 de marzo de 2007 y 26 de marzo.

Dos meses después, se condenó otra vez a la Diputación, esta vez por parte del Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 2, por conceder el cargo de Interventor en comisión de servicios, por resolución de la Presidencia de esta institución, de fecha 31 de agosto de 2007. Todos los recursos fueron presentados por el mismo funcionario, quien ya no está en la Diputación Provincial de Salamanca y que tiene demandada en más de 15 ocasiones a esta institución, tanto en el Tribunal Supremo como en el Tribunal Constitucional.