Un juez acepta el proceso concursal de Contsa y dos inversores ratifican su denuncia

El juzgado de lo Mercantil de Sevilla ha aceptado la suspensión de pagos de la inmobiliaria Contsa y ha nombrado tres administradores judiciales, al tiempo que dos de los inversores ratificaron hoy su denuncia penal por presunta estafa y apropiación y un tercero la retiró.

Fuentes judiciales han informado a Efe de que el Juzgado de lo Mercantil ha emitido un auto por el que declara el proceso concursal de la inmobiliaria, solicitado por ella misma, y ha nombrado como administradores judiciales a un economista, un abogado y un tercer administrador que designarán los acreedores.

A la vez, el juzgado de instrucción 17 de Sevilla ha tomado hoy declaración a dos de los inversores que han denunciado por la vía penal presuntos delitos de estafa y apropiación indebida, aunque un tercero, también citado, no acudió a ratificar su demanda pese a que presuntamente entregó a Contsa 600.000 euros.

Manuel Jiménez Hurtado, portavoz de la línea dura de inversores, ha declarado ante la juez durante una hora y posteriormente ha afirmado a los periodistas que, en una reunión con el abogado de la empresa, éste le explicó que sus inversiones estaban en una "lista B" situada fuera de España "y por eso los beneficios tardaban más en llegar".

Este hombre invirtió 36.000 euros en Contsa en octubre de 2007 y ha manifestado a la juez que se trataba de los ahorros de toda su vida, por lo que "si hubiera conocido la verdadera situación de la sociedad, no los habría metido".

"Me engañaron por activa y por pasiva con una estafa monumental", ha dicho el inversor, que ha dirigido su denuncia penal contra el apoderado de Contsa F.L., que gestionó su inversión.

El segundo afectado que hoy ratificó su denuncia es un hombre que invirtió 120.000 euros, y que tanto él mismo como su letrado se negaron a identificarse ante los periodistas o explicar su denuncia.

El tercer afectado citado hoy había invertido 600.000 euros pero su demanda se refiere sólo a un pago de intereses que asciende a 90.000 euros, han explicado fuentes del caso a Efe.

La no comparecencia de este afectado puede interpretarse como una retirada de la acusación, si bien otras fuentes han explicado que el delito de estafa se encuentra entre los que debe perseguir de oficio el ministerio fiscal.

Tanto el presidente de la empresa, José Salas Bursón, como el apoderado denunciado han sido citados como imputados el próximo 7 de marzo.

Los afectados son unos 1.200 pequeños inversores que le confiaron entre 6.000 y 200.000 euros cada uno con la promesa de lograr una rentabilidad mínima garantizada, por lo que el montante de las inversiones puede superar los 60 millones de euros.

En su foro de internet, la mayoría de los inversores, sin embargo, han dado un voto de confianza a la empresa pues consideran que dispone de activo suficiente para hacer frente a las deudas.