Un juez de Belfast ha denegado la extradición del ex miembro de Jarrai Arturo Villanueva Arteaga por carecer de pruebas la petición realizada por el Gobierno español en nombre de la Audiencia Nacional. Villanueva, que reside en el Úlster desde hace varios años, está reclamado por un delito de militancia en organización terrorista.

El juez Thomas Burgess lleva también el caso de De Juana Chaos. En esta ocasión, no ha entrado en el fondo del asunto, porque la solicitud española carece de la información necesaria que relacione a Villanueva con delitos concretos. No se detalla si ha asistido 'a reuniones, ha dado entrevistas o ha estado implicado en la organización' de Jarrai.

La orden se refiere a actos violentos presuntamente cometidos por el acusado entre 1994 y 2000, pero no informa sobre lugares, fechas y objetivos de los ataques en los que estaría implicado. Burguess acepta que el periodo de actuación de Jarrai está claramente delimitado en la petición del Gobierno español y que corresponde al tribunal dictaminar la relevancia del acusado en la organización. Lo que falta precisamente son los hechos que le permitirían valorar la participación que tenía Villanueva en la estructura de Jarrai.

Los abogados que representan al Gobierno español tienen siete días para presentar una apelación. El proceso se prolongará en el tiempo porque podría también ser recurrido posteriormente ante el Tribunal Supremo británico. Fue en febrero cuando España emitió una Euroorden contra Villanueva. Dos meses después, fue detenido en el Ulster.

El caso de De Juana Chaos está pendiente aún de la decisión del juez Burgess. Hace unos días, se celebró la vista del juicio de extradición y el magistrado comunicó que anunciaría el veredicto en su momento. Es posible que pida información adicional al Gobierno español en relación a los argumentos presentados por la defensa del ex miembro de ETA.

Su abogado alegó que De Juana ha padecido depresión y síndrome de estrés postraumático y que podría iniciar otra huelga de hambre para acabar con su vida si es entregado a España para cumplir una pena de dos años de prisión.