Público
Público

El juez coloca a Correa ante el dilema de pagar 15 millones

Si el jefe de la trama 'Gürtel' abona la fianza, la más alta de la historia judicial, se arriesga a aflorar bienes escondidos

ALICIA GUTIÉRREZ

Francisco Correa, considerado el jefe de la trama Gürtel, la mayor red de corrupción destapada en España y cuya investigación amenaza a casi una veintena de cargos y exdirigentes del PP, podrá abandonar la prisión si deposita la fianza de 15 millones que le impuso ayer el juez instructor del caso, Antonio Pedreira. Con esta astronómica fianza penal que de ser confirmada por la Sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), se convertiría en la más elevada de la historia judicial española, Pedreira abre teóricamente a Correa la puerta de la libertad tras dos años y cuatro meses de encarcelamiento.

El riesgo de huida, aduce Pedreira, puede conjurarse ahora con la fianza y con medidas de vigilancia. Y el tiempo que lleva encarcelado Correa obliga a plantear la cuestión 'desde la perspectiva del ordenamiento jurídico de derechos humanos y libertades fundamentales'. Por supuesto, el magistrado destaca que es la imposición de una elevada caución lo que actuará 'como freno suficiente para descartar toda idea de fuga'.

'Don Vito', recuerda el juez, no está preso por 'conjeturas o hipótesis'

La resolución de Pedreira llega apenas dos meses después de que la Sala Civil y Penal del TSJM revalidase su decisión prorrogar el encarcelamiento provisional del presunto jefe de un conglomerado corrupto que costó al erario público no menos de 120 millones y que, sólo en Madrid, pagó 4,5 millones en sobornos a políticos del PP.

Pedreira abre a Don Vito, como llamaban a Correa sus subordinados, la puerta de la libertad en vísperas del momento en que, ante la ausencia de imputados con aforamiento ante el TSJM (diputados autonómicos o miembros del Gobierno regional), debe dejar la instrucción y ceder el testigo a la Audiencia Nacional. 'La conclusión próxima de la instrucción no se presenta como posible', remarca el auto. Sobre todo, por el siguiente motivo, expuesto así por Pedreira: 'Quedan por cumplimentar una pluralidad de comisiones rogatorias'.

El letrado de Correa dice que su cliente no podrá pagar por el bloqueo de bienes

Pero, tras abrir a Don Vito una vía para su excarcelación, el juez le coloca ante un complicadísimo dilema: si Correa no paga, seguirá encarcelado a menos que la Sala del TSJM, ante la que su abogado impugnará el auto, asuma las consecuencias de rebajar drásticamente la fianza; y si desembolsa el dinero o deposita avales bancarios por valor de 15 millones, estará ofreciendo un rastro cierto de que posee bienes aún ocultos. Pero, en todo caso, habrá hecho aflorar 15 millones que automáticamente quedarían bloqueados por la Justicia, como los casi 24 millones ya congelados en bancos de Suiza y Mónaco.

De hecho, y aunque de manera tácita, el juez apunta al dinero que presume oculto como elemento clave para fijar una caución tan elevada. Impone una fianza de 15 millones, argumenta Pedreira, porque Correa 'tiene a su disposición una ingente cantidad de dinero', es 'el cabeza de la trama Gürtel y su fortuna era superior a la de cualquier imputado que se encuentre dentro de la causa'. 'No está en prisión remata el auto por meras conjeturas o hipótesis, sino por la imputación de graves indicios, así como por supuestos comportamientos tipificados legalmente'.

El auto llega en vísperas de que Pedreira ceda el caso a la Audiencia

Tras la difusión del auto, el abogado de Correa, José Antonio Choclán, puso calificativos. Y ninguno bueno: 'Fijar una fianza de 15 millones equivale a denegar la libertad, es un fraude de ley', aseguró el letrado en declaraciones a este diario. Según sus palabras, Correa no puede pagar porque 'no tiene más bienes que los ya bloqueados'.

¿Cabe el riesgo de fuga si el preso recupera la libertad? Su abogado responde con una pregunta: '¿Cómo se va a fugar si tiene una expectativa razonable de nulidad de la causa?'. Con eso último, Choclán alude al objetivo primordial y confeso de los imputados: que el caso se vaya al garete si el juez Baltasar Garzón, que desató la operación contra la red, es condenado por haber ordenado escuchas en prisión a los principales miembros de la red y sus abogados. En su auto, Pedreira vuelve a recordar que los indicios sustanciales en que se basan las imputaciones no proceden de esas escuchas. 'No cabe invocar avisa el juez un proceso diferente [...] para conseguir rectificar el criterio' del Tribunal Superior de Madrid.

La coletilla de 'juez prevaricador' asociada a Garzón se ha convertido en el estribillo con que una parte de la derecha política y mediática intenta desacreditar la instrucción de una causa que ya suma más de 50.000 folios y atenaza judicialmente al PP.

La arrolladora victoria electoral de los conservadores siembra en algunos sectores dudas sobre el destino de un caso cuyo eje gravitatorio se ha ido desplazando de Madrid al País Valencià. Allí, el president Camps y su núcleo duro deben afrontar una investigación del Tribunal Superior valenciano (TSJCV) por presuntos delitos muy graves relacionados con la financiación del PP y los contratos otorgados a la trama corrupta. Pero, de momento, Correa y sus lugartenientes Pablo Crespo y Álvaro Pérez, el 'amiguito del alma' de Camps, se han librado de verse imputados por regalar trajes a altos cargos de la Generalitat, president incluido.

Pero, aun si la excarcelación desinfla visualmente el caso, parece difícil que Correa se zafe de la Justicia. Principal imputado en una investigación que abarca desde el delito de asociación ilícita al soborno pasando por el fraude fiscal y el blanqueo, Correa se arriesga a penas que podrían situarse en seis años de cárcel.

Pedreira incluye una referencia expresa a que el mantenimiento en prisión del presunto capo de la red no vulnera la ley. Con ello, apunta al corazón de otro de los argumentos de las defensas de Correa y sus subordinados en la red: que el juez ha perdido la imparcialidad y ha contaminado, por tanto, la instrucción.

En previsión de que Correa pague finalmente, el juez instructor lanza otro aviso a navegantes: 'Dado el avance de la investigación [...], no existe riesgo relevante de entorpecimiento a la instrucción, destrucción u ocultación de fuentes de prueba'.

En otras palabras, Correa ha perdido margen de maniobra, viene a decir el magistrado madrileño en un auto con ribetes de aldabonazo final tras dos años de investigación torpedeada: por el casi centenar de imputados y por el PP, que ejerce la 'acusación popular'.

Antoine Sánchez

El instructor del TSJM Antonio Pedreira dejó el pasado 14 de enero en libertad a Antoine Sánchez, primo y supuesto testaferro de Rafael Correa, bajo fianza de 40.000 euros, si bien inicialmente el magistrado le había exigido el pago de 600.000 euros.

Pablo Crespo

El otro imputado que sigue en prisión junto a Correa, el exsecretario de Organización del PP de Galicia, Pablo Crespo, podría salir de prisión si abona 600.000 euros, cantidad a la que el magistrado le rebajó el pasado 4 de febrero la fianza, desde los 1.200.000 millones que le fueron fijados en un principio.  

¿Te ha resultado interesante esta noticia?

Más noticias