La juez Mercedes Alaya, que investiga las presuntas irregularidades en los ERE financiados por el Ejecutivo andaluz, ha pedido a la Junta que, como "medida cautelar", en el plazo de tres días le envíe "copia compulsada o testimonio" de las actas de los consejos de Gobierno desde 2001.

En el auto, con fecha de ayer y notificado hoy a las partes, la juez de Instrucción 6 de Sevilla, que instruye esta causa, advierte a la Junta de que, en el caso de no cumplir este requerimiento, "podrá conllevar la comisión de un delito de quebrantamiento de medida cautelar" recogido en el artículo 468 del Código Penal.

La portavoz del PP-A, Rosario Soto, partido que está personado como acusación particular, ha informado hoy en rueda de prensa de este nuevo auto de la juez y ha dicho que "una vez más la juez ha tenido que dar un ultimátum de 72 horas a la Junta", lo que demuestra que el Gobierno andaluz "está obstruyendo a la Justicia".

Este auto se produce después de que el Gobierno andaluz, a través de su representación legal, ratificara ayer ante la juez su negativa a entregarle todas las actas desde 2001 de los consejos de Gobierno, por el "carácter reservado" de parte de ellas, y se ofreciera a enviarle "toda la información relevante" para la causa.

La dirigente del PP-A ha afirmado que "es obvio que la Junta está mintiendo desde el minuto uno porque decía que iba a colaborar con la Justicia y, lejos de colaborar, está obstruyendo a la Justicia", como ha recalcado que demuestra este nuevo requerimiento de la juez.

"Lo que tiene que hacer es colaborar, y ya veremos si lo hace", según Soto, "porque tiene 72 horas" para remitir al juzgado que investiga presuntas ilegalidades en los expedientes de regulación de empleo "copia compulsada o testimonio" de las actas de los consejos de Gobierno desde 2001, en sobres "cerrados y lacrados".

Ayer, tras la petición hecha el pasado viernes por la juez, miembros de los servicios jurídicos de la Junta ratificaron en persona ante la magistrada los acuerdos adoptados por el Consejo de Gobierno andaluz en su reunión del pasado martes 29 de marzo.

Tras acudir a la hora fijada, las 13.30, en respuesta a dicho requerimiento, los letrados de la Junta fueron llamados por la juez una hora después a su despacho, donde ratificaron esos acuerdos del Gobierno andaluz en una comparecencia que duró sólo cuatro minutos.

Entre ellos, según dijeron a Efe fuentes de la Junta, figuraba ofrecer al juzgado de instrucción "vías jurídicas alternativas" ante "la imposibilidad legal de remitir todas las actas del Consejo Gobierno", con carácter "general e indiscriminado".

Sus representantes jurídicos reiteraron a la juez el ofrecimiento de "cauces alternativos que permitan enviar toda la información relevante para la instrucción judicial sin violar la Ley del Gobierno de Andalucía".

La Junta se ampara en el artículo 31.1 de dicha ley, que recoge que "los documentos que se presenten al Consejo de Gobierno tendrán carácter reservado hasta que el propio Consejo de Gobierno acuerde hacerlos públicos".

Según el Ejecutivo autonómico, en el caso de que la juez no considerara esas "vías alternativas", la Junta plantearía un "requerimiento de inhibición por carecer el juzgado de jurisdicción para levantar el carácter reservado de parte del contenido de las actas", previsto en la Ley Orgánica de Conflictos Jurisdiccionales".

Esto conllevaría elevar un conflicto de jurisdicción ante el Tribunal de Conflictos de Jurisdicciones, dependiente del Supremo.