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El juez dice que "no hay pruebas" de que el duque de Edimburgo ordenara la muerte de Diana

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El magistrado a cargo de la investigación judicial sobre la muerte hace diez años de Diana de Gales y Dodi al Fayed sostuvo hoy que "no hay pruebas" de que el marido de la reina Isabel II, el duque de Edimburgo, ordenase la muerte de la princesa.

El juez Scott Baker hizo esa afirmación al comenzar a presentar las conclusiones de la instrucción sobre la muerte de la pareja, que comenzó en octubre pasado en el Tribunal Superior de Londres, antes de que los once miembros del jurado popular se retiren a deliberar el veredicto.

"No hay pruebas de que el duque de Edimburgo ordenase el asesinato de Diana y no hay pruebas de que los servicios secretos o cualquier otro organismo del Gobierno lo organizaran", indicó el magistrado, que rechazó así las teorías de la conspiración esgrimidas principalmente por el padre de Dodi, Mohamed al Fayed.

El magnate egipcio, dueño de los grandes almacenes Harrods, mantiene que su hijo y la princesa fueron "asesinados" por el MI6 (servicio de espionaje exterior británico) siguiendo instrucciones del duque de Edimburgo porque Diana estaba embarazada de su hijo, un musulmán, y la pareja tenía planes de boda.

Diana, de 36 años, murió el 31 de agosto de 1997 junto a su novio, de 42, y el chófer del vehículo, Henri Paul, tras chocar su automóvil contra una columna del túnel bajo el puente parisino del Alma cuando era perseguido por varios "paparazzi", mientras que el guardaespaldas Trevor Rhys-Jones logró salvar la vida.

"Varias de las sugerencias que se han planteado se han demostrado tan manifiestamente sin fundamento que el propio abogado de Mohamed al Fayed ha dejado de defenderlas, incluso aunque siga creyendo que son verdad en su propia mente", dijo el magistrado al jurado.

Y, a su juicio, si ha dejado de defenderlas es porque "no existe ni la más mínima prueba" para sostenerlas, pese a que durante los seis meses en los que se ha desarrollado la investigación judicial han prestado declaración unos 250 testigos.

Ahora el jurado popular, integrado por seis mujeres y cinco hombres, tendrá que decidir su veredicto entre cinco posibles, ninguno de los cuales contempla una posible conspiración para asesinar a la princesa ordenada por el duque de Edimburgo.

Los posibles dictámenes incluyen homicidio por imprudencia del chófer del vehículo de Diana y Dodi, lo que reflejaría así que el siniestro pudo estar provocado porque Henri Paul iba a gran velocidad y conducía bajo los efectos del alcohol.

Otros posibles fallos son homicidio por imprudencia de los vehículos de los "paparazzi" que perseguían el Mercedes de la pareja, homicidio por imprudencia tanto de estos últimos como de Paul y muerte accidental.

El jurado, que podría emitir su dictámen esta misma semana, puede optar por un veredicto abierto si cree que no hay pruebas para sustentar ninguna de las otras posibilidades.

Aunque dos pesquisas previas -una francesa y otra británica- concluyeron en su momento que la pareja perdió la vida en un trágico accidente, Al Fayed nunca se ha dado por vencido y ha reclamado una y otra vez, siempre sin éxito, que el duque de Edimburgo testificara en la investigación.

En su propia declaración ante la instrucción, en febrero pasado, aseguró que Diana le había dicho que tanto príncipe Carlos como el príncipe Felipe "estaban intentando librarse de ella", y, sin presentar prueba concluyente alguna, acusó a este último de ordenar un complot contra la princesa.

El magistrado justificó lo prolongado y costoso de la pesquisa -ha costado al contribuyente británico 10 millones de libras (en torno a 12,5 millones de euros)- porque ha servido para examinar las teorías de la conspiración y lamentó que algunos testigos, entre ellos el ex mayordomo de Diana, Paul Burrell, mintieran en su declaración.

Burrell, que en un vídeo del sensacionalista "The Sun" grabado en secreto reconocía que ocultó parte de la verdad cuando testificó en enero pasado, se negó a volver a prestar declaración ante el tribunal y se enfrenta a un posible cargo de perjurio.