Este artículo se publicó hace 12 años.
La juez finaliza la declaración de los 14 detenidos y envía a uno de ellos a prisión
La titular del Juzgado de Instrucción número 21 de Valencia ha finalizado esta mañana las declaraciones de los 14 detenidos por el supuesto fraude en ayudas a la cooperación y ha acordado la prisión provisional, comunicada y sin fianza para uno de ellos.
Fuentes del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) han informado de que la juez ha terminado poco antes de las ocho de la mañana las siete declaraciones pendientes y para seis de ellos ha decretado la libertad provisional con comparecencia periódica ante el Juzgado y retirada del pasaporte.
Las declaraciones de los 14 detenidos por una supuesta trama de malversación de fondos de la Generalitat destinados a proyectos de cooperación se iniciaron el pasado viernes por la mañana y han finalizado en la mañana de hoy.
La juez ha decretado prisión provisional para uno de ellos y libertad provisional para los otros 13, con medidas cautelares de retirada de pasaporte, prohibición de salida del país y presentación periódica en los Juzgados, según las fuentes, que han indicado que todos siguen imputados.
El PSPV denunció ante la fiscalía en octubre de 2010 la adjudicación de unos proyectos a la Fundación Cyes (no confundir con la constructora del mismo nombre) por cerca de 2 millones de euros para construir pozos de agua en Nicaragua y para un programa de alimentación.
Los detenidos forman parte de una operación policial practicada el pasado jueves en Valencia por orden del Juzgado, que lleva investigando este caso desde el pasado año, a raíz de una denuncia de la coalición parlamentaria Compromís.
Este grupo reveló un supuesto trato de favor de la Conselleria de Solidaridad a la Fundación Hemisferio para la concesión de subvenciones, organización que a su vez habría desarrollado una "trama" para "desviar" fondos públicos, según fuentes jurídicas.
Según fuentes de la investigación, entre unas concesiones y otras la suma de fondos públicos para cooperación desviados para otros fines podría ascender a unos 9 millones de euros.
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