La querella criminal presentada en la Audiencia Nacional contra las grandes agencias de rating (Moody's, Standard & Poor's y Fitch), por manipular el mercado en beneficio de sus clientes y accionistas y en contra del erario público, sigue viva pese al informe entregado al juez por la Fiscalía Anticorrupción, partidaria de archivarla de forma inmediata y sin ninguna investigación.

El titular del juzgado número 2 de la Audiencia, Ismael Moreno, ha pedido al Ministerio Público otro informe sobre la causa tras presentar la acusación popular un escrito de ampliación sobre el comportamiento de las agencias en los últimos meses, que, a juicio de los querellantes, han agravado la crisis de la deuda en beneficio privado.

Los querellantes han aportado, además, un documento de 'aclaraciones' en el que cargan contra el fiscal, al que acusan de ejercer de defensa de las agencias de calificación. Y solicitan que se curse una comisión rogatoria a Italia para acceder a la documentación que la Fiscalía de ese país se ha incautado tras registrar las oficinas de Moody's yStandard & Poor's en causas análogas a la española.

La demanda en la Audiencia Nacional se presentó el 25 de febrero a través de una acusación popular que agrupa a siete entidades, incluyendo tres formaciones parlamentarias: IU, ICV y ERC. Ante la falta de respuesta inicial de la Fiscalía, que examinó el expediente sin pronunciarse durante cuatro meses y medio, los abogados presentaron el 18 de julio una ampliación, en la que ya reclamaban la comparecencia de los autores de los informes sobre España y el 'bloqueo cautelar' de las cuentas bancarias de las agencias 'a la vista del posible perjuicio que están generando y con el fin de hacer frente a una posible responsabilidad civil'.

Los querellantes acusan al fiscal de ejercer de defensa de las agencias

El mismo día, la Fiscalía Anticorrupción remitía al juez un informe, elaborado por Alejandro Luzón, en el que pide archivar la causa sin investigar. Y ello pese a reconocer que el sistema en el que operan las agencias es imperfecto y que existe un 'nexo muy claro' entre la acción de las agencias 'y el daño causado a las arcas públicas españolas'.

El informe de Anticorrupción fue tan rotundo que prefiguraba el archivo inmediato de la causa. Pero el juez Moreno ha preferido mantenerla abierta: el 26 de julio redactó una providencia en la que da traslado a la Fiscalía de la ampliación presentada y le solicita un nuevo informe.

Desde entonces, los querellantes se han vuelto a mover: el 1 de agosto presentaron un escrito de 'aclaraciones', de 14 folios, en el que muestran su 'sorpresa' por el informe de Anticorrupción, 'más digno de una defensa que de un defensor de la legalidad' y 'a todas luces impropio del momento procesal actual'.

'El Ministerio Fiscal realiza un importante esfuerzo argumentativo para disculpar o exculpar el comportamiento de las querelladas, dando por bueno precisamente aquello que diferentes organismos e instituciones de EEUU y Europa han puesto en entredicho y que la parte acusadora solicita investigar: el adecuado funcionamiento de los mecanismos de control internos de las agencias y de otros órganos reguladores, a la hora de evitar la comisión de delitos que aquí se impugnan', reza el escrito del equipo de abogados que dirigen GonzaloBoye, Jaume Asens y Enrique de Santiago.

Lo que más estupor provoca a los querellantes es que 'el propio escrito del fiscal ofrece argumentos que avalan la necesidad de una investigación más profunda y, de forma incomprensiblemente contradictoria con sus dichos, plantea un sobreseimiento sin práctica alguna de investigación como si la misma pudiese poner al descubierto prácticas que no sean convenientes de desvelar'.

El escrito recuerda que Anticorrupción 'admite que el cuestionamiento de la actuación de las querelladas no es una simple hipótesis de la parte acusadora', reconoce luego que la falta de credibilidad de las agencias estáligada 'al perjuicio producido a la economía nacional' y, finalmente, 'admite que no es descartable que dicho perjuicio pueda beneficiar a clientes suyos'.

La actuación del Ministerio Público ante esta causa en España fue motivo de controversia desde el principio, cuando trascendió que la fiscal inicialmente encargada del caso, Carmen Monfort, se reunió con abogados de los bufetes Cuatrecasas Gonçalves Pereira y Uría Menéndez, contratados por las agencias para asegurarse el archivo, lo que motivó que IU presentara una pregunta parlamentaria para tratar de esclarecer los hechos.

Después de tres meses de silencio por parte de la Fiscalía, que se limitó a solicitar la traducción de querellas análogas en EEUU aportadas por la acusación, el fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Javier Zaragoza, remitió la querella a Anticorrupción por el tipo de delitos que denuncia: la vulneración de los artículos 284 y 285 del Código Penal, que regulan la maquinación para alterar el precio de las cosas y el uso de información privilegiada o la esparsión de rumores, castigados con penas de multa y entre cuatro meses y dos años de cárcel.

Los dos supuestos delitos sobre los que está construida la querella son también los que se están investigando en Italia por iniciativa de la Fiscalía de Trani (Milán). Y ante el salto que recientemente ha dado esta investigación análoga, con el registro de las oficinas de Moody's y de Standard & Poor's por orden del Ministerio Público, los querellantes en España tienen previsto presentar todavía un nuevo escrito, esta misma semana: solicitarán que se curse una comisión rogatoria a Italia para tener acceso a la documentación que la Fiscalía se incautó durante los registros.