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El juez pregunta si la infanta Cristina, Urdangarin y García Revenga se acogieron a la amnistía fiscal

Pide lo mismo de Torres y su mujer. También ha solicitado cuentas corrientes, depósitos y activos financieros del duque de Palma y su exsocio, para cubrir la fianza solidaria de 8,1 millones que tienen impuesta

PÚBLICO/EP

El titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Palma de Mallorca, José Castro, ha acordado este martes solicitar a la Agencia Tributaria que compruebe si Iñaki Urdangarín, la infanta Cristina, el exvicepresidente del Instituto Nóos Diego Torres, su mujer, Ana María Tejeiro, y el secretario de las infantas, Carlos García Revenga, se han acogido a la amnistía fiscal, personalmente o a través de alguna sociedad, para regularizar fondos supuestamente evadidos u ocultos.

Mediante una providencia dictada este martes, el magistrado ha acordado asimismo oficiar a Hacienda para que le comunique las cuentas corrientes, depósitos, fondos de inversión y cualquier otro activo financiero fque puedan tener tanto Urdangarin como su exnúmero dos al frente de Nóos.

Este último requerimiento se enmarca en el proceso judicial para pagar la fianza solidaria de 8,1 millones que tienen impuesta, y que ninguno de los dos ha cubierto. Con la misma finalidad, el magistrado pide a Hacienda que informe también de cuentas y depósitos de empresas del entramado investigado como Nóos o Fundación Deporte, Cultura e Integración Social, y cualquier otra en cuyo capital social participen Urdangarin y Torres.

Urdangarin y Torres deben responder a la fianza civil impuesta por este caso, donde se investiga el presunto desvío de 6,1 millones de las administraciones balear y valenciana al Instituto Nóos, gestionado por ambos.

Fuentes jurídicas han explicado que en un proceso como éste lo primero que se procura para atender la fianza civil es conseguir dinero en efectivo de los imputados, y en una segunda fase se recurriría al embargo de sus bienes. 

En cuanto a la solicitud para averiguar si Urdangarin, Torres, sus respectivas esposas y García Revenga se han acogido a la 'amnistía fiscal' aprobada por el Gobierno el año pasado, fue realizada por el sindicato Manos Limpias, que ejerce la acusación popular en el caso.

Manos Limpias solicitaba como medio de prueba que la Agencia Tributaria acredite si todos ellos, al amparo del Real Decreto Ley 12/2012 de 30 de marzo, se han beneficiado de la amnistía fiscal 'como personas físicas' o bien por mediación de alguna sociedad.

El juez autoriza 'expresamente' a la Agencia Tributaria a entrar en sus bases de datos informatizadas para elaborar los informes requeridos, y detalla que se determine si la regularización fiscal se ha realizado a través de sociedades como Nóos, Shiriaimisu, Aizoon, De Goes Center for Stakeholder Management, o Fundación Deporte, Cultura e Integración Social.

En la misma providencia, el juez Castro admite a trámite los recursos de Urdangarin y Torres contra la fianza solidaria de responsabilidad civil por cuantía de 8,1 millones de euros impuesta por el propio magistrado a ambos, para cubrir las eventuales indemnizaciones que puedan ser condenados a pagar en el futuro por los delitos presuntamente cometidos.

El abogado de Iñaki Urdangarin, Mario Pascual Vives, ha señalado este martes que los duques de Palma no se acogieron 'en absoluto' a la amnistía fiscal.

Asimismo, ante la posibilidad de que Torres aporte al juez y al fiscal un disco duro de ordenador con todos los correos electrónicos que tiene sobre el caso --según han publicado varios medios--, ha respondido con un irónico 'vamos a ver'.

Al preguntársele si Urdangarin podría haber facturado las nóminas de su servicio doméstico como gastos empresariales con el objetivo de reducir su propia tributación en la declaración del IRPF, se ha mostrado sorprendido pero no ha querido decir nada.

La Fiscalía imputó al Duque de Palma y a su exsocio un delito contra la Hacienda Pública por el impago del Impuesto de Sociedades y dos por el IRPF en el caso del marido de la Infanta, por haber defraudado 230.979 euros al declarar gastos supuestamente irreales e, incluso, de carácter personal como pueden ser servicios domésticos.

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