El magistrado de la Audiencia Nacional Pablo Ruz, que investiga un supuesto desvío de fondos en la Sociedad General de Autores y Editores (SGAE), ha citado como testigos a Ramón J. Márquez, Ramoncín, y a otros excargos de la entidad para el próximo mes de mayo.

Así lo ha dispuesto en un auto el titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 en el que acuerda la declaración de diez testigos "al objeto de determinar la participación de los diferentes imputados" en los hechos que investiga y la "concreción de sus presuntas responsabilidades".

Además de Ramoncín, que fue consejero de la SGAE entre 2000 y 2007, deberán testificar ante el juez el próximo 21 de mayo el exsecretario general de la SGAE, Francisco Galindo; el director de servicios jurídicos Pablo Antonio Hernández Arroyo; el responsable de operaciones de la entidad Pablo Campo, y la trabajadora de la entidad de gestión y de la empresa Microgénesis Eva María Montoto.

Con anterioridad, el 16 de mayo, están citados ante el juez la que fue directora de organización, Natalia Gómez de Enterría y su antecesora en el cargo Estrella Pérez de la Fuente; la jefa de Personal Natividad Lamela; la encargada de contabilidad en varios grupos de la SGAE Patricia García Gabaldón y el interventor Jaime López Alonso.

Ruz ha pedido también al Juzgado de lo Social número 40 de Madrid que le remita, para unirlas a la causa, las actuaciones de los juicios por despido que celebraron tras las denuncias interpuestas por el ex presidente del Consejo de dirección de la SGAE Eduardo Bautista y el exdirector de Sistemas de la entidad y de su filial digital (SDAE) José Luis Rodríguez Neri, ambos imputados por la Audiencia Nacional.

Este juzgado de lo Social desestimó recientemente ambas demandas y denegó las indemnizaciones de 1,4 y 1,2 millones de euros que, respectivamente, reclamaban Bautista y Rodríguez Neri a la SGAE.

Asimismo, el magistrado ha ordenado a la Guardia Civil que realice una prueba pericial caligráfica al imputado Pedro Farré para comparar su firma con la que obra en poder de la Policía Nacional, después de que éste se negara a practicar un "cuerpo de escritura" el pasado 16 de diciembre, asegura en el auto.

El pasado mes de enero, la Audiencia Nacional confirmó la imputación de Farré, exdirector de Relaciones Corporativas de la SGAE, por delitos de falsedad y apropiación indebida por un supuesto uso fraudulento de la tarjeta de crédito corporativa de esta entidad.

Según el juez, las investigaciones realizadas han constatado la existencia de un entramado de empresas creado por Neri que "se habrían venido beneficiando de una exclusiva contratación con algunas de las entidades del Grupo SGAE", como la SDAE, Portal Latino o la propia SGAE, "constituyendo casi en forma exclusiva su principal fuente de ingresos".

El supuesto desvío de fondos, según Ruz, se llevó a cabo mediante una trama empresarial "parasitaria" de la entidad "ideada" por Neri, aunque "autorizada, consentida y también impulsada" por Bautista, a quienes imputó un delito de apropiación indebida, otro de administración fraudulenta y un tercero societario.