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El juez Ruz rebaja a 600.000 euros la fianza a Correa para salir de prisión

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El juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz ha rebajado hoy de un millón de euros a 600.000 euros la fianza impuesta por la sección cuarta de este tribunal al presunto cabecilla del "caso Gürtel", Francisco Correa, para que pueda abandonar la cárcel en la que ingresó hace tres años.

El magistrado, que ha adoptado esta decisión después de que la defensa de Correa haya pedido que se redujera a 50.000 euros, impone además al líder de la trama, en caso de que abone la fianza fijada, la prohibición de salir del país, le retira el pasaporte y le obliga a comparecer diariamente en el juzgado, además de obligarle a comunicar su domicilio y número de teléfono.

La sección cuarta de la sala de lo penal estimó parcialmente el pasado 27 de enero el recurso de apelación de Correa al considerar que el posible juicio oral se celebraría pasados cuatro años -plazo máximo legal de prisión preventiva- desde su ingreso en la cárcel, por lo que no veía necesario agotar ese plazo para evitar el riesgo de fuga.

Ruz, que rechaza la petición de puesta en libertad que reclamó la defensa de Correa, asume en su auto este argumento, "amén de ser compartido" y "deducirse racionalmente del ingente volumen que actualmente alcanzan las actuaciones", y considera que debe adecuarse la cuantía de la fianza para eludir la situación de prisión provisional.

También llega a esa conclusión el magistrado al tener en cuenta "el alcance que pudiera derivarse" de la decisión de la sala de lo penal de anular el archivo decretado por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid respecto del exsenador del PP Luis Bárcenas, el exdiputado de este partido Jesús Merino y el exconcejal "popular" en Estepona (Málaga) Ricardo Galeote.

Por ello, aún cuando la instrucción de la causa se encuentra en "avanzado estado", Ruz entiende que la "evidente complejidad" que conlleva la tramitación de reabrir la causa contra Bárcenas, Merino y Galeote hace prever una extendida fase intermedia de preparación de juicio oral, lo que determina una "indefinición temporal sobre la celebración del mismo".

"No puede crearse un obstáculo o valladar infranqueable para quien, privado provisionalmente de libertad, se le reconoce la posibilidad de obtener su libertad personal mediante una medida como es la fianza, que trata de conciliar el efectivo control judicial (...) y la protección o salvaguarda del derecho fundamental a la libertad", sostiene.

Reconoce la "dificultad" a la hora de determinar el importe de la fianza que debe prestar Correa, pero entiende que el plazo transcurrido desde que la sección cuarta le rebajó de quince a un millón de euros la misma "sin consignarse" dicha cantidad, "es expresivo de la imposibilidad real y cierta del inculpado (o de su entorno más cercano) para hacer frente a la misma".

"Evidencia la concurrencia de una razón válida para modificar" la fianza y fijarla en 600.000 euros, lo que, a su juicio, evitaría que el mantenimiento de su exigencia "se convierta en efectiva imposibilidad de lograr la libertad deseada".

Por otra parte, el magistrado ha estimado el recurso de reforma de la Fiscalía contra su propia decisión de no investigar la procedencia de los 100.000 euros de fianza que pagó el supuesto número dos de la red Gürtel, Pablo Crespo, para salir de prisión el pasado 1 de febrero, tal y como reclamó acusación popular ejercida por la Asociación de abogados Demócratas por Europa (ADADE)

Ruz considera ahora "suficientemente fundada, idónea y proporcional" la diligencia interesada al entender que su finalidad es averiguar "el origen y real titular de los fondos con que ha sido abonada la fianza impuesta", además de determinar si su procedencia "es lícita o no".

Con este fin, Ruz pide a Banesto que le facilite todos los datos relativos a la consignación de la fianza, incluyendo información sobre las cuentas bancarias desde las que se efectuaron las transferencias nacionales e internacionales y sus titulares.

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