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Un juez suspende la ley antisindicatos de Wisconsin

La decisión judicial no deroga la polémica normativa, sino que sólo retrasa su publicación

I. PIQUER

Un juez de Wisconsin ha suspendido este viernes temporalmente la ley antisindicatos, promulgada por el gobernador republicano del Estado, Scott Walker, para comprobar si en la votación, que los conservadores convocaron sin avisar, no se violó un procedimiento legislativo que podría complicar, pero sin duda no evitar, la aplicación de la medida. La decisión judicial no deroga la polémica normativa, sino que sólo retrasa su publicación.

El pasado día 9, los senadores republicanos aprobaron limitar el poder de los sindicatos de funcionarios públicos gracias a una argucia legislativa. La medida formaba parte de una ley de presupuestos que exigía un quórum de 20 senadores y no se podía discutir sin la presencia de los 14 demócratas que habían 'huido' a Illinois para bloquear el debate. Los 19 congresistas conservadores decidieron votar las medidas antisindicales por separado, para las que sólo era necesaria un mayoría simple. En media hora, sin debate, y sin presencia de la oposición, la ley se aprobó por 18 votos a favor.

Esta semana, los demócratas han presentado una demanda ante el fiscal del condado de Dane (donde está la capital del Estado, Madison), argumentando que la maniobra había violado las leyes del debate legislativo. 'En Wisconsin tenemos una democracia, y deben seguirse las reglas', ha declarado un responsable sindical local.

Esto es lo que ahora debe decidir el juez. Pero aunque invalide la normativa, los conservadores siguen teniendo mayoría en ambas Cámaras, con lo que sin duda podrían volver a aprobarla.

La ley recorta los salarios de los funcionarios, aumenta la cuota de su seguro médico y de su plan de pensiones y elimina su derecho a llevar a cabo cualquier negociación colectiva que no sea estrictamente salarial y se conforme a la subida del IPC; un aumento mayor debería ser aprobado en referéndum. La medida ataca a los sindicatos de la función pública que deberán celebrar una votación cada año para preguntar a los trabajadores si quieren seguir siendo miembros.

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