La jueza de Sigüenza María del Mar Lorenzo, que instruye el caso por la muerte de once personas en el incendio de Guadalajara de julio de 2005, ha pedido amparo al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), según ha revelado hoy la portavoz del órgano de gobierno de los jueces, Gabriela Bravo.

Bravo, a preguntas de los periodistas en Cuenca, ha anunciado que el CGPJ estudiará la petición de la jueza, motivada por el debate parlamentario celebrado en las Cortes de Castilla-La Mancha el pasado 18 de junio a raíz del auto de cierre de instrucción dictado por María del Mar Lorenzo.

En ese auto, María del Mar Lorenzo imputó a una veintena de personas, entre ellas varios ex altos cargos de la Junta, como la ex consejera de Medio Ambiente Rosario Arévalo, los técnicos que dirigieron la extinción y tres excursionistas.

En el debate parlamentario posterior se aprobó una resolución gracias los votos del PSOE en la que se instaba al Gobierno regional a solicitar a los letrados de la defensa que pidan el sobreseimiento de las actuaciones para los políticos y los técnicos de la Junta y la imputación de los ocho excursionistas que causaron el fuego.

Antes, el portavoz socialista, Santiago Moreno, afirmó que "no habría caso del incendio de Guadalajara" sin la jueza Lorenzo, que lo instruye desde hace dos años, y sin la ex presidenta de la Audiencia de Guadalajara y ahora vocal del CGPJ a propuesta del PP, Concepción Espejel.

Lo dicho en el debate parlamentario y la posterior resolución aprobada han generado hasta el momento el reproche de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), mayoritaria entre los jueces, de la Asociación Francisco de Vitoria y del Foro Judicial Independiente.

También el Tribunal Superior de Justicia de la región aprobó una resolución recordando que un Parlamento no puede decir a los jueces qué deben decidir y defendiendo la independencia judicial.

Su presidente, Vicente Rouco, ha eludido hacer "ninguna valoración ni comentario" sobre el asunto, pero ha indicado que el Tribunal Superior de Justicia y los órganos judiciales tienen como misión "aplicar la ley y el derecho de acuerdo con los valores y principios que marca nuestra Constitución, el principal de los cuales es nuestra independencia".

"Nuestra preocupación fundamental es permanecer al margen del debate político y pedir que haya un clima de serenidad y de moderación en el debate político acerca de este tipo de cuestiones, para que los tribunales y los jueces puedan desarrollar su labor con arreglo a la ley y al derecho, que es la principal labor que tienen los tribunales de justicia", ha añadido.

Gabriela Bravo, por su parte, se ha limitado a añadir que el Consejo "va a asumir su función, que es velar por la independencia del poder judicial".