La jueza paraliza el desalojo de una familia que lleva 'okupando' un piso de protección oficial más de un año

La cara de Paquita Saavedra, madrileña de 36 años, rebosa tranquilidad al abrir la puerta de la casa que ocupó hace un año y medio. Hace unas horas que desde los juzgados le han comunicado que su desalojo, previsto para el 25 de enero, está paralizado. La mañana de este lunes ha recibido la resolución del juzgado por la que su desalojo se aplazará hasta el 25 de noviembre. Puede dejar de empaquetar sus cosas y de pensar en dónde va a pasar las próximas noches. Una jueza le da la razón amparándose en una medida cautelar del Tribunal Europeo de Derechos Humanos que un mes antes había parado el desahucio en un caso similar en Vallecas, en esta ocasión, un piso propiedad del IVIMA. Ahora respira con la tranquilidad de que, al menos por un tiempo, no se va a quedar en la calle junto a su marido Alberto Simón, de 37 años y sus dos hijos de seis y ocho.

El camino que ha elegido, si es que tenía elección, esta familia para vivir en un piso de protección oficial en el madrileño distrito de Villaverde no ha sido el de esperar años y años a que la EMV o el IVIMA se lo concediera.  "Llevo solicitando un piso VPO desde los 18 años. El procedimiento es larguísimo si es que finaliza algún día y, mientras, las casas están vacías", explica Paquita. "Hasta que no te ves en la necesidad no te decides a ocupar".

"Sé que lo que hemos hecho no está bien, pero de esta forma hago menos daño que si no pago el alquiler a un particular", se justifica. La familia vivía dos calles más arriba. Alberto era encofrador y durante los años dorados del ladrillo ganaba lo suficiente como para pagar un alquiler, no faltaba el trabajo. Hasta que la burbuja estalló dejándole en paro y consumiendo los ahorros para hacer frente a la renta. Cuando se acabó el colchón económico, dejaron de pagar. "Vivimos durante seis o siete meses sin pagar el alquiler. Hasta que nos desahuciaron", recuerda Alberto.

"Sé que ocupar uno está bien, pero así hago menos daño que si no pago el alquiler a un particular" Ante la posibilidad de que sus dos hijos se quedaran en la calle, Alberto y Paquita lo tuvieron claro. "Sabía que no iba a poder pagar otro alquiler. Una amiga me comentó que en este piso había intentado entrar gente. Llevaba cinco años vacío y era propiedad de la Empresa Municipal de Vivienda y Suelo (EMVS), así que decidimos meternos aquí a vivir", recuerda Paquita. "Cuando entré por la ventana, pasé diez días sin salir de la casa", dice Alberto.

Vivir con 350 euros al mes

La EMVS nació hace 30 años con el objetivo de "facilitar el acceso a la vivienda a los sectores con mayores dificultades", según reza su página web. Paquita y Alberto no tienen apenas ingresos. Ella lleva seis años sin encontrar trabajo y él hace cualquier trabajo que puede, pero nada estable deshace cuatro. "Entre lo que gano dando de comer a un anciano, lo que trae Alberto y con algunos vales de descuento de El Corte Inglés que nos dan por probar productos y hacer encuestas, los meses buenos salimos por 350 euros". También acuden como público a programas de televisión y reciben 290 euros cada seis meses como ayuda para mantener a sus hijos.

"Si me dijeran que el piso se lo van a dar a una familia y a nosotros una solución, me iría" En lugar de poner solución a la situación de vulnerabilidad de esta familia, la EMVS se presentó en la puerta y les dio dos días de plazo para abandonar el piso. Por lo visto, lo prefería tapiado y vacío, al igual que el que está justo en el primer piso de su bloque, con una chapa que tapa la puerta mientras cientos de familias se quedan en la calle cada día.

"Si me dijeran que el piso se lo van a dar a una familia y a nosotros una solución, me iría", explica Paquita, pero no, simplemente se quedaría vacío. Decidieron dar la batalla, moverse y poner el caso en manos de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH). Todavía conserva el cartel que llamaba a la movilización para paralizar su desahucio, "si todo se soluciona, lo enmarcaré", dice.

La PAH ayudó a esta familia a presentar un recurso de suspensión de su desahucio y la jueza lo ha admito a trámite. El desalojo está paralizado por considerar su caso "de primera necesidad", pero hasta este lunes no habrá una resolución con los argumentos de la jueza para frenar el lanzamiento.

En busca del alquiler social

"Quiero un alquiler social. Quiero pagar por vivir aquí, pero no puedo pagar 500 euros al mes", dice Paquita. "La gente piensa que ocupar es ser un caradura, pero yo no se lo recomiendo a nadie. No quiero vivir con la incertidumbre de si mañana me cortarán la luz o de si tengo que volver a recogerlo todo". En un primer auto de la jueza instructora, en noviembre de 2012, después de que un año antes la pareja prestara declaración por la denuncia de la EMVS, se reconocía que la situación era extrema y que habían entrado en la casa "sin ocasionar daños". La jueza instaba a la Empresa Municipal a facilitarles un alquiler social, pero ésta lo rechazó. Ahora, después de que el pasado 24 de enero la jueza prohibiera la expulsión de Paquita, Alberto y sus dos hijos, lo ven todo "con mucha más tranquilidad". "Lo peor es ver cómo gente como nosotros se queda en la calle mientras sigue habiendo miles de viviendas vacías", critica Alberto.

"Quiero pagar por vivir aquí, pero no puedo pagar 500 euros al mes "Para ellos, para los que están en una situación similar, Paquita y Alberto tienen un consejo: "moverse y luchar. Acudir a las asambleas del 15-M de sus barrios y hablar con la PAH. Con nosotros se han portado muy bien. Te hacen ver que aún queda gente solidaria y que se preocupa por los demás".

Esta misma mañana la jueza ha aplazado hasta el 25 de noviembre el desahucio de esta familia que durante año y medio ha hecho malabares para salir adelante con muebles reciclados, electrodomésticos de segunda mano y mucha ayuda familiar. Todo para lo más importante: no quedarse sin techo, porque"si te quedas en la calle te quitan a los niños y destrozan una familia. Nuestros hijos están escolarizados y no les falta de nada".

"Estoy muy contenta ahora misma", reconoce con alivio a través del teléfono. "Lo siguiente es solicitar a la EMV el alquiler social de este piso", explica, pero deja claro que "hace mucho tiempo" que lo lleva solicitando sin ningún resultado. Ahora espra a que, con la resolución de la jueza en la mano, la EMVS tenga otra opinión.