La decisión de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional parece un desagradable mensaje de bienvenida para uno de los expertos que deben colaborar en el caso abierto por el juez Baltasar Garzón. Julián Casanova (Teruel, 1956), catedrático de Historia contemporánea en la Universidad de Zaragoza, acaba de llegar de Washington (EEUU) tras participar en un congreso sobre "verdad histórica".

Este historiador encuentra más reconocimiento a sus estudios fuera que dentro de España. "Si hablara del feudalismo, sería una eminencia internacional, pero si hablo del franquismo, resulta que soy un opinador", se resigna. Es autor de estudios de referencia que desmenuzan la colaboración de la Iglesia y el franquismo, como La Iglesia de Franco (Editorial Crítica). De momento, sigue a distancia el debate judicial.

La Fiscalía dice ahora que la apertura de las fosas no es una prueba necesaria. ¿Está de acuerdo?

No quiero entrar en asuntos que no me competen. Lo que sé es que esas fosas y el silencio sobre ellas durante tanto tiempo son una prueba histórica de las características del franquismo, que persiguió al contrario y trató de ocultar sus crímenes.

¿Qué intepretación hace de la oposición a la apertura del caso?

El pasado de violencia y violación sistemática de los derechos humanos se proyecta como una sombra alargada en la justicia, en la política y en los medios de comunicación.

¿Es correcto desde el punto de vista histórico el auto de Garzón?

En España, la Historia ha llegado antes que la Justicia. Garzón ha abierto un proceso por partes y lo ha hecho al revés. Tenía que haber hablado con la gente que sabe antes de declararse competente. Hay dos conceptos que no cuadran. Detiene la investigación en 1951 para garantizar que no haya nadie vivo a quien juzgar, a pesar de que a Grimau se le mata en 1965 como preso de guerra. Y lo de los falangistas, porque la militarización de la justicia en la posguerra les quita su responsabilidad. Informaban, pero se fusilaba en consejos de guerra. Otro defecto, éste de los medios, es hablar de cientos de miles de desaparecidos. Lorca no es un desaparecido. Su muerte quedó registrada y se sabe qué pasó. Pero hay 25.000 sin rastro que será imposible encontrar.

¿Cuál es su visión de la causa?

Defiendo una diferencia clara entre la justicia retributiva -que es la que compensa jurídica, política y moralmente a las víctimas, que es necesaria y que hay que echársela en cara al PP y a la jerarquía de la Iglesia- y la justicia punitiva. Creo que esta última, la de la búsqueda de verdugos, 30 años después de haber muerto Franco, no causa apenas reparación a las víctimas.

¿Y Garzón, cuál busca?

Creo que su objetivo no es la punitiva. Ocurre lo mismo que con el debate de la Ley de la Memoria Histórica. No se acepta revisar y anular las
causas de los tribunales franquistas porque entonces las víctimas sí que pedirían buscar a esa persona que, sin garantías jurídicas, mandó fusilar a su abuelo.

¿Cuál es su balance del primer año de Ley de la Memoria Histórica?

Todo lo que hace Garzón está en la Ley. El problema es que la sociedad democrática de las instituciones y el parlamento, una vez realizada la maravillosa transición y con un país moderno y rico, no ha hecho una gestión pública de su pasado traumático.

¿Cómo se debió hacer?

En tres partes. Uno: en los archivos, con información y verdad. Dos:
museos, con lugares de la memoria -con una función formativa, no
para compensar las cruces de los otros-. Tres: educación, porque la generación franquista vivió con la propaganda y las generaciones que se formaron en las tres décadas posteriores a la dictadura nunca estudiaron la represión.

¿Es posible recuperar todas las pruebas de la represión?

Está muy documentada, comparada con Argentina, Rusia o Perú. Llevamos 30 años desenterrando fosas.

Sus estudios del franquismo calculan 50.000 fusilados en la posguerra. ¿Por qué tanta saña?

Por tres componentes ideológicos y culturales. Primero: el concepto militarista de aniquilación del contrario que viene del africanismo, que Franco, Yagüe y Millán Astray tienen muy metido. Aquello de
tratar a los rojos como tribus, gente que no merece vivir. Además, pasado por el matiz del exterminio fascista, pero fundamentalmente, militar español. En segundo lugar, es un componente religioso de limpieza, porque hay una gran legitimación de la muerte de gente
que no tiene derecho a la vida porque no tiene fe. Son infieles y es un reverdecimiento del mito de la Cruzada. Y un tercer elemento que viene de la Falange, que sí que tiene claramente sustancia nazi.

¿Por qué cuesta tanto aplicar la Ley de la Memoria?

El problema es que al Gobierno le resulta incómoda y nada más aprobarla le viene una crisis económica. Pero lo gordo es que el PP no la aprueba y que la jerarquía de la Iglesia, mientras beatifica, se opone también. Las asociaciones se quejan y Garzón toma la iniciativa que la sociedad política no ha tomado. Y si no le dejan, lo hará un juez de fuera, porque el proceso ya es imparable.

Pero las posturas del PP y la Iglesia parecen irreductibles...

El mayor problema es que la sociedad no estará preparada hasta que el PP se convenza de la necesidad de asumir el franquismo como
algo traumático y que la democracia debe condenar. La Iglesia, además de honrar a sus víctimas, que tiene todo el derecho, debe reconocer que silenció, delató e informó durante muchísimos años. Sin estos dos ingredientes, el recuerdo no se irá nunca.

¿A qué achaca la resistencia del PP a asumir su origen?

Nadie duda de que acepta la democracia, pero tiene un cordón umbilical evidente que, cuando se le recuerda, sale gente como [Jaime] Mayor Oreja y dice: "A mí qué me dice, si yo vivía muy bien en el franquismo". ¿Qué quiere decir? Que mientras en las comisarías se torturaba él vivía muy bien, como la gente que veraneaba en Lloret de Mar y se iba a la playa a ver a las suecas.

El cordón umbilical del PP parece claro, pero ¿la Iglesia?

Si la Iglesia, que es la institución moral más importante, después de la primera venganza, porque mataron a 7.000 religiosos, hubiera dado un paso atrás, el franquismo no hubiera seguido violando brutalmente los derechos humanos. Cuando la Iglesia lo hizo, al final de la dictadura, fueron capaces de defender a curas, acoger asambleas obreras e incluso hacer una cárcel para ellos. Se implicaron en otro camino. Pero la jerarquía católica actual ha perdido todo el contacto con los movimientos sociales de base y ha cambiado, gracias el papado de Juan Pablo II, donde las posturas reaccionarias triunfaron. Así ha conectado con un partido [el PP] que ha entendido que la relación con la Iglesia le trae enormes beneficios, porque España es laica, pero con la religión hay mucha gente sensible.