En los últimos años la Ley de Dependencia ha sufrido un ataque demoledor por parte del Gobierno del PP a través de unos recortes que conducen al desmantelamiento de la red de protección social. Andalucía representa un modelo diferente de gestión de la ley de autopromoción y de protección del Estado del bienestar ante la austeridad impuesta desde Europa.

A pesar de las restricciones de presupuesto implantadas desde el Gobierno central, el año pasado la comunidad andaluza que gobierna Susana Díaz destinó 1.115 millones de euros a ayudar a los dependientes. En ese mismo periodo, el Gobierno dedicó 1.200 millones a la dependencia, lo que supuso un recorte del 46,7% del presupuesto respecto al año anterior.

Estas cifras retratan el desmantelamiento del sistema de protección por parte del PP. Andalucía, con un peso poblacional del 18%, acoge a 158.000 beneficiarios de ayudas a la dependencia, un 22% del total del Estado.

Una de cada cuatro prestaciones por dependencia en España se dan en la comunidad andaluza. En ese territorio, seis de cada diez prestaciones están relacionadas con los servicios, superando la media nacional. Y cuatro de cada diez son prestaciones económicas para el cuidado en el entorno familiar.

El Gobierno del PP incumple su compromiso de financiación con la Junta de Andalucía 

Esta inversión en igualdad, tres millones de euros diarios, se produce a pesar del incumplimiento del Gobierno del PP de su compromiso de financiación con la Junta de Andalucía. En 2007 el Estado financiaba la dependencia al 50% junto con la comunidad autónoma. Ahora únicamente se encarga del 28% mientras que la Junta tiene que ocuparse del  72% del gasto. Los presupuestos generales de 2015 se prevén que Andalucía dejará de recibir 400 millones respecto al año anterior.

En relación a las entidades sociales, la Junta de Andalucía realizó el abono en septiembre de más de 55 millones de euros a las citadas entidades en materia de dependencia, cumpliendo el compromiso adquirido por la presidenta del Gobierno andaluz, Susana Díaz, en la última reunión celebrada con la Mesa del Tercer Sector.

Sólo en 2013 y 2014 la Junta de Andalucía ha destinado un total de 544 millones de euros a las entidades sociales. Si se incluyen los abonos materializados a las corporaciones locales para la atención a la dependencia, la exclusión social o las políticas de discapacidad, el importe asciende en estos dos años a 1.448 millones.

Además, la decisión de la Junta de Andalucía de seguir invirtiendo en el Sistema de Atención a la Dependencia ha favorecido el mantenimiento de más de 43.300 empleos que no podrían haber resistido la asfixia económica impuesta desde el Gobierno central. Esta inversión permite que las 85.000 personas encargadas realizar tareas de cuidador en el entorno familiar puedan recibir el pago puntual de sus nóminas. La inversión en dependencia, además de blindar los derechos de un sector vulnerable, genera empleo.