El Juzgado de lo Contencioso Adminsitrativo nº 28 de Madrid ha pedido a la Consejería de Sanidad que explique por qué no se debe llevar a cabo la suspensión cautelar de la privatización de hospitales madrileños. La justicia estudia esta posibilidad, solicitada por el Partido Socialista de Madrid (PSM), y ha abierto una pieza separada dentro de la demanda interpuesta por los socialistas madrileños.  

El tribunal da 10 días a la consejería, conforme a lo establecido en el Art 131 de la LJCA, para que presente sus alegaciones y justifique que no se lleve a término la medida cautelar solicitada.

El PSM ha presentado una querella contra la viceconsejera de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Patricia Flores, y reclama al juez que le tome declaración como imputada por supuestos delitos de prevaricación y negociaciones prohibidas a funcionarios en relación al concurso que ha adjudicado a tres empresas la gestión de seis hospitales madrileños. Flores ha dictado, dice la querella, una 'resolución arbitraria que modifica a favor de las empresas licitadoras las condiciones del pliego'. Esa resolución, 'abiertamente contraria a Derecho' según los socialistas, fue publicada el 3 de julio, 'sólo cuatro días antes de la finalización del plazo de presentación de ofertas' e 'introduce la palabra anual en la cláusula 33.2 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares'.

El secretario general de los socialistas madrileños, Tomás Gómez, ha denunciado que la consejería 'ha rebajado tanto la garantía que tendrán que depositar las empresas, que no se asegura que si alguna de ellas incumple los criterios de calidad, o entra en quiebra, se pueda seguir prestando el servicio con normalidad o se puedan recuperar las cantidades establecidas como sanciones'.

Esta medida cautelar, que el tribunal de los Contencioso nº28 se dispone a estudiar, se suma a las otras que el PSM tiene solicitadas en los tribunales de justicia ordinarios y en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJ)

Fuentes del departamento que dirige Javier Fernández-Lasquetty han explicado a Europa Press que todo está en manos de los servicios jurídicos de la Comunidad de Madrid y han defendido que el proceso de 'externalización' está siendo 'transparente' y dentro de la 'legalidad'.