Siete empresas multinacionales españolas serán juzgadas simbólicamente por violación de los derechos humanos en América Latina por el Tribunal Permanente de los Pueblos (TPP), que el martes se constituyó en Lima en el marco de la III Cumbre de los Pueblos.

Repsol, Telefónica, Unión Fenosa, Aguas de Barcelona, FCC y los bancos BBVA y Santander responderán junto a otra veintena de empresas europeas por los efectos de sus acciones en la economía, medioambiente y soberanía de los pueblos americanos.

Según explicó a Efe el presidente del jurado del TPP que examinará estos casos, el sacerdote belga François Houtart, este tribunal busca ejercer un "poder moral" para "alertar a la opinión pública y contribuir a la constitución del derecho internacional" respecto a las acciones de las multinacionales.

Houtart explicó que los casos serán vistos por un jurado compuesto por un grupo de reconocidos expertos europeos y americanos en derecho internacional, sociología, economía y relaciones laborales.

Este jurado revisará hasta el próximo día 16 los testimonios y denuncias de organizaciones sociales de todo el continente para emitir durante la clausura de la Cumbre de los Pueblos una resolución sobre "la violación estructural a los derechos humanos en los que incurren estas empresas".

El responsable de coordinar las denuncias por crímenes económicos ante el TPP, el español David Llistar, señaló a Efe que la importancia de este juicio simbólico se debe a que existen cosas "que no se pueden juzgar porque no hay tribunales que se dediquen a ellas, como las trasnacionales, que actúan impunemente porque no hay regulación que las apriete".

"Sucede que cuando miramos a la historia hay momentos en que las leyes son tremendamente injustas o insuficientes, y en ese caso hemos tomado la visión desde las víctimas y los grupos sensibles y queremos impulsar un proceso en que la moral se convierta en medidas políticas y judiciales nuevas y crear un sistema donde prevalezca la justicia sobre el lucro", afirmó Llistar.

Así, Repsol es acusada por organizaciones sociales de Argentina, Bolivia y Ecuador de contaminar, reducir áreas naturales y contraer contratos ilegales, además de no cumplir con los niveles de inversión comprometidos.

Por su parte, Telefónica será procesada como accionista de Telecom Italia por "incidir en el derecho del pueblo boliviano a un desarrollo soberano por oponerse a la decisión del gobierno del presidente Evo Morales de tener una mayor participación en la gestión de las telecomunicaciones".

Unión Fenosa tiene denuncias de México, Colombia, Nicaragua y Guatemala por no responsabilizarse de los impactos sociales y ambientales de sus obras y por la falta de inversión en las redes eléctricas y en alumbrado público que gestiona.

Las empresas Aguas de Barcelona y FCC son culpadas de ofrecer agua sin condiciones de potabilidad, a precios excluyentes y sin cumplir sus compromisos contractuales de extensión de las redes de servicios en México y Colombia.

El Banco de Santander responderá por la financiación de grandes proyectos hidroeléctricos en Brasil que, según el TPP, implican la expulsión de miles de personas de sus hogares, la pérdida de biodiversidad y una amenaza para la soberanía alimentaria.

Sobre el BBVA pesan acusaciones que van desde la compra de voluntades políticas en Perú, al lavado de dinero del narcotráfico en México y Colombia o la financiación de proyectos destructivos con el medio ambiente en Uruguay y Ecuador.