La Audiencia de Valencia ha fijado para el próximo día 21 el reingreso en prisión del conductor kamikaze condenado por la muerte de un joven de Valencia y cuyo indulto, aprobado en diciembre de 2012 por el Gobierno, anuló el Tribunal Supremo el pasado mes de noviembre.

La medida de gracia se concedió con el informe en contra de la Audiencia de Valencia y de la Fiscalía, y el indultado fue defendido por un hermano del diputado del PP Ignacio Astarloa, que trabaja en el despacho Uría y Menéndez, del que también es empleado un hijo del ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón. 

El escándalo del indulto culminó en noviembre, cuando la familia llevó el caso al Tribunal Supremo y su Sala de lo Contencioso-Administrativo concedió tres meses de plazo al Gobierno para que aportara las razones de la medida de gracia.

Esas razones no han sido entregadas a la Audiencia de Valencia, por lo que ha dictado una providencia ordena el regreso a la cárcel del kamikaze.

El Ejecutivo avanzó su decisión de no reformular este indulto y, mientras tanto, la Audiencia de Valencia pidió a las partes del proceso que se pronunciaran sobre el reingreso a prisión del condenado.  

'La familia está ya tranquila. Se he hecho justicia' y finaliza así el 'sinsentido' que había supuesto la concesión del indulto, ha señalado a Efe la hermana de la víctima, Loreto Dolz, para quien tanto con el fallo del Supremo como con esta resolución de la Audiencia se impone 'el sentido común' que 'devuelve las cosas a su sitio'.

El Tribunal Supremo anuló el pasado 7 de noviembre el indulto que el Gobierno concedió al conductor 'kamikaze' de Valencia al no hallar su 'lógica jurídica, excluyente de la arbitrariedad' del Ejecutivo, al no especificar las razones que le llevaron a adoptar la medida de gracia.

La sentencia aprobada por la mayoría del pleno de la sala de lo contencioso-administrativo del alto tribunal contó con varios votos particulares, entre ellos el del primer ponente de la sentencia, Carlos Lemes -nombrado posteriormente presidente del Consejo General del Poder Judicial y del Supremo-, partidario de avalar el indulto.

Tras notificarse la sentencia, el Gobierno disponía de un plazo de tres meses para que, 'si a bien lo tiene', volviera a conceder el indulto anulado mediante una resolución que señalara las 'razones de justicia, equidad o utilidad pública' que exige la ley de indulto de 1870.

El pasado mes de enero, la Audiencia reclamó al Supremo que le remitiera 'con urgencia' la sentencia de anulación del indulto, después de que la familia de la víctima del accidente, José Alfredo Dolz, de 25 años, hubiera reclamado a este tribunal el ingreso efectivo en prisión del kamikaze tras la anulación de su indulto, por el que sustituía una condena a trece años de cárcel por una multa de 4.000 euros.