El viceministro de Economía de Argentina, Axel Kicillof, y el gerente general de YPF, Miguel Galuccio, fueron designados hoy nuevos representantes del Estado en el directorio de la principal petrolera del país, en el que la española Repsol ocupará un sillón.

La conformación del nuevo directorio de YPF fue acordada en una asamblea de accionistas de la petrolera celebrada hoy en Buenos Aires, después de que el Gobierno de Cristina Fernández expropiara un 51 por ciento de las acciones de la compañía a Repsol.

El grupo español ha planteado la "ilegalidad" de la asamblea celebrada hoy pues impugna todo el proceso de expropiación de las acciones en YPF.

Repsol, que mantiene una participación del 12 por ciento en YPF y estuvo representada en la asamblea por sus abogados, logró retener un sillón en la nueva dirección, compuesta por 17 miembros titulares y once suplentes.

Los representantes de Repsol han sostenido en la asamblea que el antiguo directorio, con el titular del grupo español, Antonio Brufau, a la cabeza, trabajaron en beneficio de YPF y ha rechazado todas las acusaciones vertidas por los representantes del Gobierno argentino.

En la asamblea participaron, además de Kicillof y Galuccio, el ministro de Planificación argentino, Julio de Vido.

Entre los integrantes del antiguo directorio que cesaron hoy en sus funciones están, además de Brufau, el español Antonio Gomis Sáez -que representaba a Repsol- y los hermanos Enrique, Matías y Sebastián Ezkenazi, representantes del grupo argentino Petersen.

También ha dejado de ser representante del Estado en YPF el subsecretario de Coordinación y Control de Gestión del Ministerio de Planificación, Roberto Baratta, que ocupaba ese sillón desde agosto de 2011.

Repsol inició el 15 de mayo los trámites para llevar a un arbitraje en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi) la nacionalización de YPF con la remisión de una carta a la presidenta argentina, Cristina Fernández, en la que declara la existencia de una controversia en la expropiación.

Repsol pide en compensación unos 10.000 millones de dólares (unos 8.500 millones de euros), pero el Gobierno adelantó que no pagará esa cifra y que será el Tribunal de Tasación argentino el encargado de fijar el valor de las acciones expropiadas.