Alfredo Serrano Mancilla
Doctor en economía

Toda Venezuela, la región y buena parte del mundo puso sus focos en la Asamblea Nacional a la hora en la que el presidente Nicolás Maduro solicitaba una Ley Habilitante que le permita durante un año disfrutar de cierto poder legislativo para luchar contra un hecho puntual: la corrupción. Esta Ley Habilitante es tan constitucional que sólo basta revisar el texto del artículo 203 de la Constitución de 1999 donde establece esta posibilidad y el requisito para su aprobación, los tres quintos de los integrantes de la asamblea. Más allá de la discusión jurídica, en la cual no pretendo ni asomarse, el discurso en su arista económica no tiene desperdicio y es digno de ser examinado con lupa. Esta vez, no hubo espacio para la broma ni el chiste; Maduro en tono estadista se dedicó a relatar en profundidad los porqués de esta medida. Su discurso, dicho sea de paso, muy bien hilvanado, no fue en ningún momento vacío ni superficial, tratando de explicar la necesidad y urgencia de esta medida especial. 

Dejó claro que no se toma esta medida por antojo, sino que fue presentada como una herramienta capaz de lograr la paz económica frente a los intentos de aquellos que siguen optando por la guerra. De hecho, el presidente no escatimó en críticas hacia dentro, mostrando así que no es una ley partidaria, sino una propuesta de estado para que todos puedan dejar de sufrir el mal endémico de la corrupción. No obstante, esta vez la corrupción no fue usada en un sentido reduccionista del término, sino que iba mucho más allá, centrándose en las múltiples dimensiones de esta cuestión, y lo que es más importante, en las raíces estructurales que soportan esta cultura de la corrupción. En el marco de este enfoque tan integral, lo más interesante de este abordaje es que detrás de la Ley Habilitante en contra de la corrupción, sí hubo un espíritu crítico; por un lado, de autocrítica, y por el otro, de un paso al frente con la intención de construir sólidamente hacia futuro más socialismo bolivariano en materia económica. En otras palabras, esta ley lo que realmente habilitó fue un impulso necesario para seguir profundizando el proceso de cambio para una mayor democratización económica que logre una paz social duradera frente a esta guerra económica.

Hay un dato que jamás puede pasar desapercibido: el 70% del PIB venezolano aún está en manos de los grandes poderes económicos. Pocas veces se escucha una sentencia tan firme respecto al desigual régimen de acumulación a pesar de los intentos del gobierno por cambiarlo, y por los mecanismos proactivos para la redistribución de la renta petrolera. Nunca es fácil decir de forma tan nítida que todavía resta mucho por hacer pese a toda una décadade ganada por las políticas de Chávez. De esta forma, se toca algo que el establishment desea siempre pasar por alto: una cosa es que se reparta la masa salarial, y la otra, bien distinta, es que se distribuya el capital. Al presidente Maduro no le tembló su voz al decir esto: todavía no podemos hablar de socialismo si la riqueza sigue estando en manos de ellos. Lo que subyace es descaradamente un intento de democratizar más y más el pivote económico, no permitiendo un poder ultra concentrado en muy pocas manos, con capacidad absoluta de tumbar un sistema democrático justamente por no respetar la esencia del mismo.

Pero además, se habló de economía y mucho. Sin citar a Samir Amin, éste estuvo presente durante buena parte de los argumentos cada vez que se discutía el quehacer especulativo de buena parte de la burguesía. Amin a este sujeto le llama burguesía compradora, que no produce, que sólo se dedica feniciamente a la compra-venta, importante afuera y vendiendo adentro. Este sí que es el centro de gravitación de tantos y tantos problemas que abonan el terreno para esta guerra económica desatada. Cierto es que hay que ser más eficiente; que ha de construirse una fuerte institucionalidad del estado capaz de agilizar el relacionamiento entre fronteras, tributos y entrega de divisas; que se debe fomentar más cultura socialista donde no cabe la corrupción; que aún resta más control de precio por parte del estado y del poder popular. Pero además de todas esas verdades, el otro problema, entre bambalinas, es que no es posible una burguesía compradora que acapara la mayor parte de las divisas, que apenas produce, que no genera valor agregado, que se centra exclusivamente en exportar  (3% del total de exportaciones), que importa con dólar oficial del 6,3, pero que vende hacia adentro como si hubiese comprado con dólar paralelo.

La inflación venezolana es fruto de muchas cuestiones: algunas de corte hereditaria, otras por problemas de ineficiencia y gestión, pero en gran medida, la conformación de los precios se deriva justamente de un gran desfase: un crecimiento, cada vez más democrático, del consumo generando una demanda interna no satisfecha por esa burguesía compradora que todo lo importa para seguir disfrutando de una tasa de ganancia exorbitada gracias a la especulación. No feliz con esto, además, a veces acaparan productos básicos para ver si puede conseguir lo que no lograron en las urnas. Esto es también corrupción, y para ello se requiere esta Ley Habilitante que permita erradicar estas prácticas a la par que comienza a instalar la necesidad de seguir con el legado de Chávez con una gran transformación productiva, de más productos que satisfagan de demanda interna, y con más productores que eviten que la economía esté en manos de unos pocos. Si se acaba con todos los tipos de corrupción, y además, la renta petrolera se dedica a la producción, la paz económica será sostenible por muchos intentos de guerra económica que ellos procuren.