'Cuando pasé por el quirófano tuve que estar dos meses de baja y al regresar a mi puesto de trabajo mi jefe me dijo que tenía que acudir los sábados para compensar el tiempo que había faltado. Si en vez de ser una cirugía de reasignación de sexo hubiera sido cualquier otra operación, no habría habido ningún problema'. Andrea Navarrete, vicepresidenta de la Asociación Española de Transexuales (Transexualia), ejemplifica con su experiencia personal los flecos que quedaron pendientes con la entrada en vigor, el domingo hará dos años, de la conocida como Ley de Identidad de Género: sensibilización, formación y, sobre todo, medidas para luchar contra la discriminación laboral del colectivo.

La normativa, aprobada en el Congreso el 1 de marzo de 2007, eliminó la obligatoriedad de someterse a cirugía genital para poder cambiar el sexo en el DNI. Las asociaciones que luchan por los derechos del colectivo coinciden en señalar que esa decisión supuso un paso importante, pero matizan que la normativa impuso una serie de requisitos que en la práctica perpetúan la discriminación.

Una de esas condiciones imprescindibles es que la persona que solicita el cambio de sexo deba hormonarse durante los dos años previos. 'Este periodo intermedio es mortal, porque los efectos empiezan a notarse muy pronto, entonces el cuerpo no se corresponde con el sexo y el nombre que aparecen en tu DNI', explica Martín Berenguer, coordinador del área de Transexualidad de la Federación de Lesbianas, Gays, Transexuales y Bisexuales (FELGTB).

'El día a día es muy duro y para lograr un trabajo, más, porque persiste la idea de que esto es un capricho y lo que pasa es que la naturaleza ha metido la pata en algo, pero tú sigues siendo la misma persona', indica Navarrete. El pasado año, el Congreso aprobó una iniciativa, propuesta por el PNV, que pide al Gobierno estudiar en el plazo de un año cómo cambiar el requisito. Desde que se aprobó la ley, unas 3.000 personas han solicitado en los registros un cambio de sexo, según cálculos de la FELGTB en Justicia sólo constan 59, ya que únicamente ofrece datos de las oficinas informatizadas, que suponen menos del 20% del total.

Para Lizethe Álvarez, responsable del único programa que se ocupa en España de la inserción laboral de los transexuales con dinero de la administración el Ayuntamiento de Madrid, la hormonación no es el único cambio necesario en la ley. 'Los inmigrantes también deberían poder solicitar el cambio en el registro', ya que sólo está permitido a los españoles, aclara. Sabe que los extranjeros viven una situación 'muy difícil', más si son mujeres transexuales, 'que sufren una doble exclusión'. Y aporta los datos sobre las 100 personas que en un año han pasado por el programa: 'El 20% de los hombres transexuales no consiguió trabajo, frente al 90% de las mujeres, a quienes casi siempre les queda como única opción la prostitución'.

El programa, organizado por el Colectivo de Lesbianas, Gays, Transexuales y Bisexuales de Madrid (COGAM), además de asesorar y orientar también tiene una bolsa de empleo que se fue creando a medida que echaba a andar el programa: 'Dos veces al mes visitamos empresas y explicamos las posibilidades laborales de los solicitantes: hay informáticos, administrativas, peluqueras o personas preparadas para la venta al público. A los empresarios les explicamos que son transexuales y también los cambios físicos por los que pasan'.

Aunque la sensibilización es mayor que hace dos años, Álvarez cree que la solución a esta discriminación pasa por que las administraciones suscriban convenios de contratación.