Liberadas en México 2 indígenas inocentes tras 6 años en prisión

Dos mujeres indígenas condenadas en un proceso irregular por el secuestro de seis policías en México, fueron liberadas el miércoles por orden de la Suprema Corte, en un intento por corregir fallos injustos que han dejado tras las rejas durante años a personas inocentes.

Teresa González y Alberta Alcántara, cuyo caso puso al descubierto una vez más casos de violaciones de derechos humanos contra sectores pobres y las irregularidades del sistema judicial mexicano, fueron arrestadas en marzo de 2006 y desde agosto de ese año están en una cárcel del central estado de Querétaro.

"Es un caso sintomático del sistema de justicia mexicano, que discrimina a las personas por su condición social, por su condición étnica", dijo a la cadena Radio Fórmula el abogado Leopoldo Maldonado, tras la liberación de sus representadas.

Las dos frágiles mujeres, que ayudaban a vender discos a un familiar en un mercado indígena otomí, fueron sentenciadas a 21 años de prisión tras ser acusadas de secuestrar a seis corpulentos efectivos de la AFI, una desaparecida policía de elite, en un operativo contra productos piratas.

La Corte determinó el miércoles que las indígenas, consideradas "presas de conciencia" por Amnistía Internacional, debían quedar libres de inmediato porque no se les pudo comprobar las acusaciones en su contra.

"Lo que nosotros apreciamos fue que había insuficiencia de pruebas para que fueran condenadas y no se había demostrado la responsabilidad de ambas en los delitos que se le habían imputado", dijo la magistrada Olga Sánchez a Radio Fórmula.

La Corte ordenó en agosto del año pasado la liberación de 20 personas que llevaban más de una década en la cárcel acusadas de participar en la matanza a tiros y machetazos de indígenas ocurrida en diciembre de 1997 mientras rezaban en la población de Acteal, en el sureño estado de Chiapas.

NACIMIENTO EN LA CARCEL

González, de 25 años y a quien se le presionaba en la cárcel para no hablar en otomí con Alcántara, tuvo una hija en prisión hace más de un año.

"Ya fue suficiente, son casi cuatro años que hemos estado pagando aquí por algo injusto", dijo a Reuters esta semana en un patio del penal San José El Alto mientras sostenía en los brazos a su hija Jazmín.

"Nuestras propias compañeras nos dicen ¿cómo es posible que el juez (...) se crea que a seis agentes federales pudieran ustedes hacerles eso con el peso y la estatura que tienen?", agregó la mujer, que mide 1,48 metros.

La magistrada Sánchez dijo que la ley no prevé ningún tipo de reparación para las dos mujeres ni tampoco castigo para el juez que las condenó ni para quienes dieron falso testimonio.

Otra indígena, Jacinta Francisco, que también había sido sentenciada junto con Alberta y Teresa, fue liberada en septiembre por no haber evidencias de que participó en el supuesto secuestro de policías.

La fiscalía federal disolvió el año pasado a la Agencia Federal de Investigación (AFI), creada en 2001 por el entonces presidente Vicente Fox, después de que algunos de sus efectivos terminaron envueltos en casos de abusos y violaciones a derechos humanos.