Un tribunal de San Petersburgo ha concendido la libertad bajo fianza al australiano Colin Russell, el último de los 30 activistas de Greenpeace que fueron detenidos el 18 de septiembre cuando protestaban contra las perforaciones petrolíferas en el Ártico a bordo del 'Arctic Sunrise', según ha informado la organización ecologista a través de un comunicado.

Russell, que ha pasado en total 71 días en prisión, era el único activista que todavía no había obtenido la libertad bajo fianza y cuyo período de detención había sido prorrogado tres meses, hasta el próximo mes de febrero. Tras presentar dos recursos de apelación, el tribunal de San Petersburgo ha decidido concederle la libertad tras depositar una fianza de dos millones de rublos (45.000 euros), que la organización ecologista prevé pagar durante el día de hoy.

Los tribunales de San Petersburgo dictaminaron la semana pasada la puesta en libertad bajo fianza de 29 de los 30 activistas de la organización ecologista. Los 29 salieron de prisión entre el pasado miércoles 20 de noviembre y este lunes, 25 de noviembre.

Según Greenpeace, no está claro aún si los activistas que no tienen nacionalidad rusa pueden abandonar Rusia y volver a sus países de origen mientras la investigación sigue en curso.

'Hoy comienza una nueva etapa. Basta ya. Los 28 activistas y dos periodistas independientes han sido finalmente liberados y han podido reunirse con familiares y amigos. Pero esto no ha terminado. Todavía están acusados por un crimen que no cometieron. Actuaron en nombre de muchos de nosotros. Fueron al Ártico a oponerse contra la perforación de petróleo y los impactos del cambio climático. Que sigan acusados de vandalismo es un insulto y un ultraje y no celebraremos nada hasta que puedan volver a casa y todos los cargos en su contra hayan sido retirados', ha declarado Ben Ayliffe, portavoz de Greenpeace. 

Según informa la ONG, el Comité de Investigación no tiene previsto continuar con la acusacón de piratería, aunque todos siguen acusados de vandalismo y se enfrentan a una pena máxima de siete años de prisión.