Sitúese en medio del desierto sin ningún atisbo de civilización en muchos kilómetros a la redonda. Sienta como el sol calienta el paisaje desértico hasta difuminar las lejanas montañas que rompen el horizonte y, sobre todo, póngale a la escena unas cuantas notas de película del oeste americano. Sólo así es posible hacerse una idea de lo que va a suponer el proyecto Gran Scala en Aragón.

Nada menos que 1.300 hectáreas en las afueras del pueblo de Ontiñena, en los aledaños del desierto de los Monegros en Huesca, servirán para albergar el mayor complejo de juego y ocio de Europa.

La nueva ley exige que los promotores se ubiquen en Aragón

Sobre el papel hay 32 casinos, 70 hoteles, seis parques temáticos, 12 complejos de ocio de tamaño mediano, y cerca de 65.000 viviendas destinadas a acoger a los futuros trabajadores. La comparación es obvia; estamos ante Las Vegas made in Spain.

Esto está en las maquetas pero sobre el terreno, no hay nada todavía, lo que alimenta las dudas sobre si el proyecto finalmente verá la luz. Y ahora, con la aprobación en abril de la Ley de Centros de Ocio de Gran Capacidad por parte del Gobierno aragonés, ya no hay excusas para más demoras.

Todo comenzó allá por el año 2007. Una empresa con sede social en Reino Unido, International Leisure Development (ILD) colocó el caramelo en la mesa de la Junta de Aragón. Al Gobierno presidido por Marcelino Iglesias los ojos le hicieron chiribitas.

ILD sólo invertirá el 8% de los 17.000 millones de euros previstos

El grupo de accionistas agrupados en ILD (ver apoyo en la página siguiente) prometía nada menos que una inversión de 17.000 millones de euros. (el presupuesto que maneja la junta en 2009 es de 5.700 millones), la creación de 65.000 puestos de trabajo directos y la llegada de 25 millones de visitantes. Casi la mitad de los 57,4 millones que visitaron España en 2008.

Pero lo que el Gobierno veía como un revulsivo económico era una aberración ecológica y social para asociaciones de vecinos, movimientos ecologistas y partidos políticos como Izquierda Unida, que se agruparon en una plataforma llamada Stop Gran Scala. Dos años después, la oposición se mantiene. "El área de Monegros no está preparada para absorber este modelo de negocio especulativo. Los puestos de trabajo no compensan", denuncia Rosa Arqué, portavoz de Stop Gran Scala.

Desde el punto de vista económico, en el sector del juego más que hacer valoraciones están expectantes ante un modelo de explotación que es desconocido en Europa. "El principal negocio de Gran Scala no es la explotación de los casinos, sino el desarrollo inmobiliario. Es puro estilo americano", explican fuentes del sector. ILD espera sacar beneficios de la explotación de los suelos y de los negocios que allí se desarrollen. Para ello ha exigido, que como en Las Vegas, los impuestos al juego sean mínimos.

Otro de los motivos que genera dudas es que se mezclan el juego de los casinos, con el esperado turismo familiar que deben atraer los parques temáticos. "Nunca se ha probado en el mundo y está por ver si funciona", apuntan los empresarios del juego.

Críticas sin base económica

El problema es que los compromisos no se han materializado. De los 17.000 millones de euros que prevé el proyecto, la empresa promotora sólo ha desembolsado poco más de tres millones en concepto de publicidad, y algunos socios cerca de medio millón de euros para financiar las presentaciones públicas del proyecto en Zaragoza y Las Vegas. "Hasta ahora todos nuestros gastos son a fondo perdido, es lógico que hayamos sido muy conservadores", se justifica Jaime Riera, el portavoz de ILD en España.

Ha sido precisamente esa reticencia a invertir la que ha generado dudas sobre la viabilidad del negocio. Desde Izquierda Unida han arreciado todo tipo de críticas acerca de su solvencia. "Es muy dudosa. Los promotores han cambiado continuamente durante estos años y sus fondos están muy lejos de la inversión anunciada", asegura Álvaro Sanz, representante de Izquierda Unida en Stop Gran Scala.

Los empresarios consideran que estas críticas no tienen base económica. Aun así, su entusiasmo también ha cedido en los últimos meses. "El proyecto nos gusta tanto desde el punto de vista económico como empresarial. Nadie llega con tanto dinero por delante, aunque es cierto que un proyecto que lleva 16 meses parado, genera dudas", asegura Jesús Morte, presidente de la Confederación de Empresarios de Aragón.

Con la Ley de Centros de Ocio de Alta Capacidad en marcha, es hora de que los promotores acallen todas esas críticas sobre su solvencia. "No es cuestión de confiar o no, sino de que los promotores demuestren ahora su intención de llevarlo adelante presentado un proyecto serio y sostenible, y cumpliendo los requisitos que plantea la ley recientemente aprobada", explican fuentes del departamento de Industria, Comercio y Turismo del Gobierno de Aragón.

Para ello, tendrán que empezar por domiciliar la empresa en Aragón. Es un paso imprescindible para rendir cuentas y por el que la Comunidad puede acabar embolsándose 600 millones de euros. También se les exige un capital social de diez millones, que hasta ahora no ha aparecido. Aunque en ILD consideran la ley dura, lo cierto es que les pone en bandeja el proyecto. "Autoriza todos los casinos, rebaja la fiscalidad al mínimo y pone a su servicio las infraestructuras que han pedido. No se puede pedir más", comenta Álvaro Sanz. A su grupo político no le gusta nada y la ha denunciado ante el Defensor del Pueblo.

Mientras, para los promotores de Gran Scala, comienza la verdadera cuenta atrás. Ahora les toca preparar un proyecto a la medida de la nueva ley. "Esperamos que las obras comiencen en abril de 2010", asegura Riera.

Pero que nadie espere un maletín con los 17.000 millones sobre la mesa. Los promotores sólo pretenden asumir el coste de la urbanización básica. Los casinos y los centros de ocio correrán a cargo de los desarrolladores que se vayan sumando. "Eso significa que desde ILD sólo vamos a invertir el 8% del total: 1.360 millones", explica Riera. Como el desembolso se va a hacer por fases, "en los tres primeros años, lo que dura la primera, nuestra inversión quedará en unos 500 millones", asegura. La duda es, ¿y si no hay negocios interesados en entrar en Gran Scala? "Nosotros habremos perdido mucho dinero y nuestra credibilidad", reconoce Jaime Riera.