'Lobby' autonómico para no ceder poder en las cajas

La reforma normativa de las cajas de ahorros, que el Gobierno acelerará ahora que se ha cerrado la reestructuración del sector, corre un alto riesgo de quedarse coja. Dos eran los puntos esperados: habilitar fórmulas para que puedan pedir capital a los mercados con una facilidad similar a la de los bancos cuando emiten accione, y limitar el poder de las administraciones públicas en sus órganos de gestión. Esto último parece abocado al fracaso.

El consejo de la patronal de las cajas (CECA) se reúne mañana para dar el visto bueno a su propuesta de normativa (elaborada mano a mano con el Banco de España) para presentarla la próxima semana al Ministerio de Economía. La CECA ha defendido durante años la despolitización pero, según ha sabido Público por fuentes cercanas a la patronal, la presión ejercida por algunas autonomías a las cajas de sus territorios , especialmente Galicia, Extremadura y Andalucía, ha hecho desaparecer del texto de consenso la limitación expresa del poder político.

Con el enemigo actuando en casa, entre las cajas ha empezado a instalarse un sentimiento de conformismo con la confianza de que el poder de autonomías y las corporaciones locales se verá mermado de forma indirecta cuando haya que hacer hueco a accionistas, partícipes o cualquier otra figura que aporte capital y que, tras la reforma, tendrá voto.

Porque lo que está claro es que el sector va a cambiar. "Ya no valen romanticismos. Hay que ser pragmáticos". La crisis ha dado la vuelta por completo al sistema financiero y ha convertido en viable e, incluso, deseable lo que hace seis meses parecía imposible. Así lo planteó ayer en Santander el presidente de Bancaja, José Luis Olivas, quien aseguró que la reforma debería incluir la posibilidad de convertir a las cajas en sociedades anónimas y que su accionariado pase a ser propiedad de una fundación encargada de la obra social. Es lo que se hizo en Italia con la Ley Amato y acabó por edulcorar el sector hasta bancarizarlo totalmente.

El presidente de Caja Madrid, Rodrigo Rato, aseguró que la intención no es convertir las cajas en bancos sino que una parte del negocio financiero pueda hacerse a través de un banco. "Tratamos que la legislación no discrimine sobre modelos", concluyó.