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Londres, dispuesto a admitir su responsabilidad en la muerte de un iraquí detenido

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El Gobierno de Londres está dispuesto a admitir su responsabilidad en la muerte del iraquí Baha Mousa bajo custodia británica en el 2003 al reconocer que se violaron sus derechos humanos, anunció hoy el ministro de Defensa, Des Browne.

En una declaración escrita a la Cámara de los Comunes, Browne señaló que también se asumirá esa violación de derechos en el caso de otros ocho iraquíes cuyas familias han demandado al Gobierno en un proceso judicial abierto en el Reino Unido.

Siete soldados británicos fueron sometidos a un juicio marcial tras la muerte de Mousa, pero todos fueron absueltos del delito de maltrato a civiles iraquíes menos uno, Donald Payne, que se declaró culpable.

El 30 de abril del 2007, Payne, el primer militar británico en ser procesado por crímenes de guerra según la Ley de la Corte Penal Internacional del 2001, fue condenado a un año de cárcel y expulsado del Ejército de Tierra.

Baha Mousa, un recepcionista de hotel de 26 años, murió en los meses posteriores a la invasión de Irak cuando estaba bajo custodia británica en Basora (sur del país), donde se concentraban las tropas del Reino Unido.

Según argumentó la acusación durante el juicio marcial, que duró seis meses, su cadáver presentaba 93 heridas.

Los soldados británicos del antiguo regimiento de Lancashire de la Reina -actualmente, regimiento del duque de Lancaster- detuvieron a los presuntos sospechosos iraquíes el 14 de septiembre del 2003 en el hotel Haitham de Basora, después de descubrir armas y material explosivo en una redada contra insurgentes.

La acusación explicó ante el tribunal marcial que los militares los mantenían encerrados con las cabezas encapuchadas y esposados, les privaban de sueño y les pegaban cuando incumplían órdenes de mantener ciertas posturas durante periodos de 36 horas.

Tras la absolución de la mayoría de los soldados, los familiares de las víctimas impulsaron un proceso civil que culminó en junio del 2007, cuando el tribunal de los Lores, máxima instancia judicial en Inglaterra, dictó, en contra de lo que sostenía el Gobierno, que la Convención Europea de Derechos Humanos se aplicaba también en el caso de Mousa, pese a haber sucedido en otro país.

Ese dictamen obligó al ministerio de Defensa a efectuar una investigación interna que concluyó el pasado enero que, aunque no hubo maltrato sistemático de prisioneros, si hubo abusos puntuales por parte de algunos soldados en Irak.

A la luz de la pesquisa, el ministerio, que tenía de plazo hasta el 31 de marzo para tomar medidas, ha decidido finalmente reconocer que, como sostienen los representantes de la familia de Mousa, hubo "violaciones sustanciales" de los artículos 2 y 3 de la Convención, que protegen la vida y prohíben la tortura.

Además, admitirá violación del artículo 3, relativo a la tortura, en el caso de los otros ocho iraquíes: Mohammed Dhahir Abdullah; Maitham Mohammed Ameen Challab Al-Waz; Satar Shukri Abdullah; Joad Kadhim Jamal Al-Faeaz; Dharir Abdullah Ali Al-Mansori; Radif Tahir Muslem Alhawan; Baha Hashim Mohamed y Ahmed Taha Mosah.

Un portavoz de Defensa confirmó a EFE que los abogados del Gobierno comunicarán mañana mismo su posición al Tribunal Superior de Londres, lo que abrirá un proceso de negociación arbitrado por el juez Harry Woolf para fijar las compensaciones.

El secretario de Estado de las Fuerzas Armadas del Reino Unido, Bob Ainsworth, señaló hoy por su parte que se habían cometido "actos abusivos" por una "pequeña minoría" de las tropas del Reino Unido, y ofreció disculpas a los parientes de los afectados.

Desde Irak, el padre de Baha Mousa, Daoud, coronel en la Policía iraquí, declaró que esta admisión de responsabilidades del Gobierno británico es "una victoria" porque demuestra que las vidas iraquíes "también cuentan".