El 1 de julio se liberaliza, por mandato de la UE, el segmento que faltaba en el mercado eléctrico: el de baja tensión, donde están los clientes domésticos y pymes. Será el colofón a diez años de apertura del sector. Un 'hito', según las eléctricas, pero que no se ha traducido aún en ofertas atractivas para la inmensa mayoría de los 25 millones de clientes domésticos. Sólo en algunos casos, el descuento para las microempresas y los hogares con menos de 10 kilovatios (kW) contratados (la mayoría) será de entre el 2% y el 3,5% respecto a la tarifa que fije el Gobierno a final de mes.

A diferencia del sistema actual (con varios tramos de precios en función de la potencia contratada), esos hogares tendrán una única tarifa, llamada de Último Recurso (TUR), que aunque protegerá a los usuarios de fuertes fluctuaciones de precios, supondrá (salvo para quienes tengan el llamado bono social) un encarecimiento de la luz en julio, según admitió la semana pasada el ministro de Industria, Miguel Sebastián, que dijo que la 'subida' no está decidida.

La TUR deberá evitar que se genere el llamado déficit de tarifa, una enorme deuda acumulada desde 2001 porque los precios no cubrían los costes. El mes pasado, el Gobierno anunció un acuerdo con las eléctricas para resolver el problema, pero hay más de 16.000 millones de euros sin cobrar, que el usuario pagará poco a poco en su recibo en los próximos 15 años, con intereses. De ahí las subidas.

La TUR tendrá dos variantes: con o sin discriminación horaria. En esta última, la tarifa será igual todo el día. La primera penalizará el consumo en hora punta (de 11 de la mañana a 8 de la tarde) y será más barata el resto del tiempo. Previa instalación de un contador especial y de un dispositivo de control de potencia (a cargo de las eléctricas), esta última opción permitirá ahorrar de un 10% a un 15% respecto a la TUR normal, según Industria.

La TUR será ofrecida por las cinco grandes: Iberdrola, Endesa, Unión Fenosa, Hidrocantábrico y E.ON. Estas empresas ofrecen, además, ligeras rebajas. Unión Fenosa, que es la más agresiva, propone descuentos del 3,5% para clientes con más potencia contratada respecto a la TUR. Esta empresa dice que, aparte de ese 3,5%, se puede ahorrar otro 7,5% con un plan de fidelización con tarjeta de crédito (a más compras, más ahorro).

Hay otras doce empresas comercializadoras que también podrán realizar ofertas al segmento doméstico, pero la mayoría no lo hace, por considerar que aún no es rentable y porque todavía no saben cómo quedará la TUR. En teoría, aparte de esa tarifa de referencia, la otra opción para el cliente doméstico con menos de 10 kW es negociar directamente un precio libre con la eléctrica, pero las propias empresas lo desaconsejan. Industria confía en que, cuando el nuevo sistema se asiente y proliferen las ofertas haya un progresivo trasvase de la TUR a los precios libres, como ocurrió en su momento con el negocio de telefonía. El Ministerio, que dice que su función es 'crear un marco' para que haya competencia, rechaza la acusación de falta de información en el proceso de liberalización que han lanzado las asociaciones de consumidores y la Comisión Nacional de la Energía (CNE).

En un informe publicado la semana pasada, el regulador insiste en que los consumidores con derecho a la TUR 'no cuentan con las herramientas necesarias para comparar y decidir'. La única forma de conocer las ofertas de las empresas es visitar sus webs (no todas tienen información actualizada) o llamar a sus servicios de atención telefónica (abundan los 902), que están saturados.

La CNE, que expresa su 'preocupación por el impacto que sobre el nuevo modelo de suministro pudiera tener la integración vertical' de las grandes eléctricas (controlan desde la generación hasta la comercialización), sugiere que éstas publiquen las ofertas en una página web común, bien del regulador, bien de la Oficina de Cambio de Suministrador (Ocsum), una entidad participada por las empresas del sector y encargada de gestionar los trasvases de clientes.

La Ocsum se inauguró oficialmente el pasado miércoles. Según Industria, entre sus funciones está la de asesorar al usuario en el proceso de liberalización. La única forma de contactar con Ocsum es un formulario web. Industria dice que pronto tendrá un call center. Público envió una pregunta genérica a Ocsum el pasado miércoles, sin respuesta.

¿Va a subir la luz en julio?
Casi con toda seguridad, sí. Si no existiera el llamado déficit de tarifa, el recibo debería abaratarse, dado que el coste de generar la energía en el mercado mayorista de electricidad se ha desplomado en lo que va de año un 30% respecto a la media del pasado diciembre, cuando la tarifa subió un 3,6%. La caída de esos costes es consecuencia del histórico bajón de la demanda (por efecto de la crisis) y de los precios de los combustibles. Ahora ocurre lo contrario que pasó en los últimos años, cuando el recibo bajaba, o subía poco, pese a que los costes aumentaban.

¿Qué es la TUR?
La tarifa de último recurso permitirá a la mayoría de clientes domésticos seguir acogidos a un régimen de precios regulado por el Gobierno, como hasta ahora. Habrá dos modalidades: con o sin discriminación horaria. La primera requiere de la instalación de equipos de medida especiales, cuyo coste corre a cargo de las eléctricas.

¿Por qué se ha lanzado ahora?
Porque así lo establece una directiva de la Unión Europea. Además, su implantación ha coincidido con el pacto entre el Gobierno y las eléctricas para intentar solucionar el déficit de tarifa.

¿Qué dice ese pacto?
El acuerdo reparte la carga de ese abultado déficit entre los consumidores (que soportarán subidas progresivas de la luz), el Estado (que pagará el sobrecoste de generar electricidad en los dos archipiélagos, Ceuta y Melilla) y las eléctricas, que pagarán el llamado bono social y los costes asociados a la gestión de los residuos nucleares.

¿Cada cuánto se revisará la TUR?
Cada seis meses. Hasta ahora, el precio de la luz podía actualizarse trimestralmente, pero nunca se ha hecho, al ser una materia políticamente sensible.

¿Habrá subidas para todos?
No. El Gobierno ha acordado la creación del llamado bono social, que pagarán las eléctricas. Está pensado para los colectivos más desfavorecidos, a los que se les congelará el recibo, al menos durante dos años.

¿Quién puede pedir el bono social?
Lo disfrutarán las primeras residencias con menos de 3 kW de potencia contratada y, sólo si se lo piden a su compañía eléctrica, las familias numerosas con un determinado nivel de renta que todavía debe fijar el Gobierno; aquellas familias con todos sus miembros en paro y los mayores de 60 años que perciban una pensión mínima. Las eléctricas, a las que el bono les costará 450 millones (no 1.000 millones, como habían dicho en un principio), estarán obligadas a informar a los posibles beneficiarios del bono, que son cinco millones, según Industria.